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Daniel Ventura duda que se vaya a fiscalizar el contrato de La Purísima

El exconsejero de Bienestar Social criticó la actuación de Dunia Almansouri sobre el centro de menores

Por Alicia Martínez
11/01/2020 22:58 CET
El consejero de Seguridad Ciudadana marca como prioridad las necesidades de los trabajadores
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El que fuera consejero de Bienestar Social duran el anterior Gobierno local del Partido Popular, Daniel Ventura, manifestó que duda que se vaya a fiscalizar el contrato de La Purísima, porque el interventor “ya lo fiscalizó en su momento”. En unas declaraciones dirigidas a Dunia Almansouri, consejera de Hacienda, Ventura quiso “aclararle” que el interventor, junto a otros funcionarios, “visan y fiscalizan todas las facturas que se han generado durante la gestión de los mismos”. Por ende, Ventura explicó que dicha acción, también ocurre con “los centros de protección o con cualquier contrato iniciado por la Administración local, y hasta el cierre económico definitivo de cada ejercicio”. Ventura cree que “la incapacidad política” de la consejera “le impide ver la realidad en cuanto a los procedimientos administrativos y legales para la atención a los menores en situación de desamparo”. Además, Ventura considera “de mal gusto y de poca vergüenza política” que la consejera “dude de la transparencia, lealtad y responsabilidad de los funcionarios públicos de la Ciudad Autónoma”. Ventura reprochó que si Almansouri mencionó tres millones de euros gastados en los últimos dos años por la entrada de menores, esta debía añadir la entrada de “más de 300 menores en los últimos siete meses”. “Quisiera mostrarle, para que lo tenga en cuenta en el futuro inmediato, que el Art. 14 de la ley orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor, impone la obligación, a las autoridades y servicios públicos de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor”, declaró el exconsejero, pues según este, “no solo hablan del interés superior del menor, sino de la necesidad de adaptar los presupuestos para esa atención. Ya sabe, que en nuestro pueblo, como lo llama su presidente, las entradas son diarias y por tanto son situaciones sobrevenidas”. Ventura quiso reiterar que “que todos los incrementos presupuestarios han sido firmados y abonados por la intervención general de la ciudad. En esos incrementos se encuentran incluidos los más de 300 nuevos menores que han llegado a la ciudad, (más de 240 menores en Purísima), mientras ustedes discutían si daban continuidad o no la propuesta de prórroga del contrato”. Ventura le recordó a Almansouri que ha sido el Gobierno actual el que ha sido responsable de la gestión de los menores de la ciudad, “en concreto el señor Abderrahim de CpM, como viceconsejero del Menor y que “se habrán firmado facturas relativas a los últimos 7 meses para la atención a los menores, y habrán firmado también, informes para la prórroga del centro de protección de menores de Purísma”. “No olvide, que el Consejero de Bienestar Social y demás miembros del PSOE, han mantenido la postura de prorrogar el contrato, presentando toda la documentación, en tiempo y forma reglamentaria, en contra de la voluntad de su grupo, CPM, socios de Gobierno”, contó Ventura. Este acusó a Almansouri de que hace dos meses que tiene la prórroga en la mesa y “ha esperado justo hasta que el contrato ya está vencido para intentar modificarlo, sin haber incoado el oportuno expediente y sin haber obtenido un dictamen por parte de la comisión competente, que era preceptivo y que usted convocó en la tarde de ayer, una vez expirado el mencionado contrato”. Por consiguiente, Ventura piensa que “el contrato podría adolecer de un vicio de nulidad, ya que no ha sido votado ni dictaminado por la correspondiente comisión. Además, desconocemos con qué artimañas ha conseguido que la empresa firme, en su propio perjuicio, una prórroga de un año, en lugar de los dos que tenía derecho, aunque lo suponemos y llegaremos hasta las últimas consecuencias en defensa de la legalidad y la transparencia. Ventura pidió a Almansouri que se “leyese la ley, antes de acusar a los funcionarios públicos y querer desviar la atención de lo verdaderamente importante, que es la atención a los menores y la gestión de los centros de protección”.

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