A pesar del paso de los años, Guelaya Ecologistas en Acción sigue manteniendo vivas varias denuncias ambientales que, lejos de estar cerradas, podrían marcar un antes y un después en la protección de nuestro entorno natural.
Estas denuncias no son simbólicas. Son acciones legales, con base técnica, científica y jurídica, que buscan reparar daños reales y evitar que se repitan. Estas son las más relevantes:
Una denuncia histórica que ha entrado recientemente en fase judicial. Guelaya alerta del uso de escoria de incineradora supuestamente no tóxica como relleno en la costa. La clave está en su calificación legal: ¿son realmente residuos inertes, como afirma la Ciudad Autónoma, o contienen materiales peligrosos?
Si el juicio determina que son tóxicos, estaríamos ante una gestión ilegal de residuos con consecuencias ambientales y sanitarias muy graves.
La otra gran denuncia se dirige contra el Ministerio del Interior por las obras ejecutadas en la zona CES, un espacio protegido por la Red Natura 2000. Guelaya denuncia que se utilizaron maquinarias pesadas para destruir un hábitat seco de alto valor ecológico.
En cualquier otra parte de España, esta intervención hubiera sido escándalo nacional. En Melilla, pasó de puntillas.
La denuncia, aún en fase inicial, busca establecer responsabilidades por la destrucción de flora única, cuya restauración natural ya no es posible.
Aunque no judicializada, Guelaya también denuncia el abandono por parte de las autoridades locales del plan conjunto con la Universidad de Granada para restaurar las zonas afectadas con especies autóctonas cultivadas en viveros especializados.
La falta de respuesta y la negativa a ejecutar este plan han provocado la desaparición de especies únicas en Melilla, como la jara blanca (Cistus albidus), extinguidas en su hábitat natural.
Aunque sin procedimiento judicial activo, sigue siendo objeto de denuncia pública por Guelaya el hecho de que infraestructuras básicas, como carreteras, estén construidas sobre antiguos vertederos. La consecuencia directa: derrumbes, fallos estructurales y nuevos costes ambientales y económicos.
Estas denuncias no solo documentan agresiones pasadas. Son un llamado a la responsabilidad institucional y a la ciudadanía.
Porque lo que está en juego no es solo el paisaje, sino la salud pública, la biodiversidad y la justicia ambiental.
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