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CSIF urge al Ministerio de Educación a reactivar la negociación del Estatuto Docente y las mejoras laborales

Sus representantes mantuvieron el viernes una reunión con la nueva ministra para poner sobre la mesa su hoja de ruta para conseguir avances

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se reunió el pasado viernes con la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en el que ha sido el primer encuentro entre ambas partes desde el nombramiento de la titular de la cartera el pasado 22 de diciembre. El sindicato aprovechó la ocasión para presentar su hoja de ruta en materia educativa y trasladar la urgencia de retomar la negociación del Estatuto Docente, así como avanzar en medidas clave para dignificar la profesión y mejorar la calidad del sistema educativo.

Durante la reunión, a la que asistieron el presidente del sector nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, y la secretaria de Política Educativa, Isabel Madruga, la organización sindical subrayó la necesidad de poner en marcha sin más demora el anteproyecto de ley que contempla la reducción del número máximo de alumnos por aula y la disminución del horario lectivo del profesorado. Este proyecto quedó paralizado tras su aprobación inicial en noviembre, y CSIF considera urgente reactivarlo como paso fundamental para lograr avances tangibles en el ámbito educativo.

CSIF valoró de forma positiva la disposición de la ministra Tolón a abrir espacios de diálogo y negociación con el sector, aunque recordó que existen numerosas cuestiones pendientes que requieren respuestas inmediatas. El sindicato expresó su voluntad de colaborar en todas aquellas iniciativas que contribuyan a fortalecer las condiciones laborales del profesorado y, con ello, a elevar la calidad de la enseñanza pública en España.

Uno de los puntos que centró la conversación fue la situación en territorios de especial singularidad como Ceuta y Melilla, donde persisten problemas estructurales que afectan directamente a la labor docente. Entre ellos, el sindicato mencionó la escasez de recursos, la falta de personal, la elevada carga burocrática, la inestabilidad de las plantillas y las deficiencias en infraestructuras. Asimismo, denunció un incremento preocupante de los episodios de violencia y agresiones hacia el profesorado, lo que agrava un panorama ya de por sí complejo.

Los representantes sindicales advirtieron también del progresivo deterioro que ha sufrido la profesión docente desde 2010. Según CSIF, los recortes aplicados en la última década han supuesto una pérdida de derechos laborales y económicos que todavía no se han recuperado. En este sentido, recalcaron que los docentes de Ceuta y Melilla se encuentran entre los peor remunerados del país, percibiendo de media unos 300 euros menos que sus homólogos en otras comunidades autónomas, lo que genera un agravio comparativo persistente.

La falta de incentivos adecuados y la creciente precariedad en las condiciones de trabajo explican, a juicio del sindicato, el escaso interés que despierta la profesión entre los nuevos titulados. Prueba de ello, apuntaron, es que en las últimas oposiciones quedó sin cubrir el 24 por ciento de las plazas ofertadas, a pesar de que la tasa de interinidad ronda el 30 por ciento. Esta circunstancia, señalan, pone en riesgo la sostenibilidad del sistema educativo a medio plazo.

CSIF instó a la ministra a iniciar su mandato con un gesto firme y concreto: la tramitación urgente del anteproyecto de ley para la reducción de ratios y horario lectivo, así como la apertura de la negociación colectiva como mecanismo ordinario para abordar los principales asuntos laborales del profesorado. Entre las prioridades, incluyeron la adaptación del profesorado al marco del Plan Bolonia, el diseño de una carrera profesional clara, una revisión de las licencias y permisos, el reconocimiento de enfermedades profesionales, la reforma del acceso a la función pública docente y mejoras en el sistema de traslados.

Desde el sindicato insisten en que solo con un Estatuto Docente integral, que regule desde el acceso hasta la jubilación, se podrán recuperar las condiciones laborales perdidas, atraer talento y consolidar una educación pública de calidad. Para ello, aseguran, es imprescindible que el Ministerio asuma un compromiso firme con la mejora de la profesión docente y del sistema educativo en su conjunto.

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