La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado la implantación de servicios estables de seguridad privada en todos los centros educativos de Melilla, una medida que considera urgente ante el aumento del acoso escolar y de las agresiones al profesorado en la ciudad. El sindicato exige que esta vigilancia sea financiada por el Ministerio de Educación y no dependa de los limitados presupuestos de cada centro.
Desde el Área de Seguridad Privada de CSIF Melilla advierten de que la ciudad presenta “uno de los mayores índices de acoso escolar de España”, una realidad que, a su juicio, no puede abordarse con soluciones puntuales ni con contrataciones temporales asumidas por los propios centros. La organización sindical sostiene que la falta de una cobertura homogénea genera desigualdad entre los centros y deja a parte del alumnado y del personal docente en una situación de vulnerabilidad.
Esta reivindicación no es nueva. CSIF ya puso el foco en esta problemática el pasado 2 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional contra el Acoso Escolar, cuando subrayó la necesidad de reforzar la seguridad como una herramienta clave para prevenir tanto el acoso entre alumnos como la violencia verbal y física contra los docentes.
El delegado del Área de Seguridad Privada de CSIF, Milud Mohamed, ha insistido en la importancia de visibilizar lo que el sindicato califica como “una lacra” dentro del sistema educativo. Según recordó, diversos estudios sitúan a los institutos de educación secundaria como los espacios donde se concentran más casos de acoso escolar, lo que refuerza la necesidad de adoptar medidas estructurales y permanentes.
CSIF defiende que la presencia de vigilantes de seguridad en pasillos, patios, zonas comunes y accesos a los centros educativos es un “elemento fundamental para garantizar la convivencia” y prevenir situaciones de riesgo. En la actualidad, algunos institutos cuentan con servicios de seguridad privada, pero estos son sufragados con fondos propios, lo que limita su alcance. Otros centros, directamente, no pueden asumir ese gasto.
El sindicato también recuerda el reciente incremento de agresiones a docentes en Melilla, incluida una que motivó concentraciones de profesores y organizaciones sindicales, así como la denuncia de nuevos incidentes ante la policía. Para CSIF, este escenario evidencia un problema de seguridad que no puede seguir recayendo únicamente sobre los equipos directivos y el profesorado.
Por todo ello, la organización exige al Ministerio de Educación que impulse una licitación pública que permita la contratación oficial y estable de servicios de seguridad privada en todos los centros educativos de la ciudad. Además, plantea que estos profesionales se integren en los equipos educativos y participen en los protocolos de prevención y actuación frente al acoso escolar y las agresiones, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
CSIF concluye que la seguridad en los centros educativos debe ser una prioridad institucional y no una carga económica añadida para los colegios e institutos de Melilla.
