Una delegación del sindicato CSIF-Melilla ha estado este miércoles en Madrid para sumarse a la gran manifestación sanitaria convocada frente al Ministerio de Sanidad. Bajo el lema de exigir un Estatuto Marco justo, más de 10.000 profesionales del sector sanitario provenientes de todo el país reclamaron condiciones laborales dignas y una legislación que garantice derechos fundamentales para quienes sostienen el sistema público de salud.
La protesta ha sido impulsada por las organizaciones sindicales mayoritarias del ámbito sanitario ante el descontento generalizado con el borrador del nuevo Real Decreto Ley, redactado tras tres años de negociaciones con el Ministerio de Sanidad. Según denuncia CSIF, el texto apenas incluye las principales reivindicaciones laborales presentadas por los representantes de los trabajadores.
El presidente nacional de CSIF Sanidad, Fernando Hontangas, fue contundente al señalar que “la ministra Mónica García se ha plegado a las consignas de las comunidades autónomas”, ignorando la realidad de quienes trabajan cada día en hospitales, centros de salud y servicios de emergencia. Por su parte, Ana Eusebio, presidenta de CSIF Sanidad en Melilla, ha denunciado que la situación de la plantilla sanitaria en la ciudad autónoma es aún más grave por depender directamente del Ministerio de Sanidad y no de una comunidad autónoma, como ocurre en el resto del país.
Entre las reivindicaciones más urgentes están el reconocimiento profesional y económico de todas las categorías laborales, el establecimiento de una jornada de 35 horas semanales, el derecho a la jubilación anticipada y una regulación justa de la turnicidad. Estas exigencias no solo buscan mejorar la calidad del empleo, sino también garantizar la sostenibilidad de un sistema sanitario que arrastra un grave deterioro tras años de recortes, sobrecarga y condiciones precarias.
Eusebio ha subrayado que durante la pandemia, el personal sanitario “dio todo, incluso sus vidas, para salvar a los demás”, y ahora, años después, sigue trabajando en condiciones inaceptables. “Es una cuestión de justicia”, ha afirmado. En el caso particular de Melilla, las diferencias con otras regiones se hacen más evidentes: los profesionales perciben menos retribuciones por guardias, los complementos económicos son inferiores y ni siquiera la indemnización por residencia logra compensar la pérdida de atractivo profesional que sufre la ciudad.
Como resultado de esta situación, Melilla experimenta una preocupante fuga de talento sanitario. Muchos facultativos optan por otros destinos, y los que se quedan enfrentan una plantilla envejecida, jornadas extenuantes y la ausencia de medidas que permitan un relevo generacional. “Trabajar 37,5 horas semanales en estas condiciones, sin posibilidad de jubilación anticipada, está haciendo estragos en la salud física y mental del personal sanitario de nuestra ciudad”, ha advertido la presidenta del sector de sanidad de CSIF en Melilla.
Desde el sindicato, aseguran que la manifestación del 1 de octubre no será el final si no se realizan modificaciones sustanciales en el texto legislativo. La organización ya trabaja en la posibilidad de convocar una huelga en todo el sector sanitario, como medida de presión para que el Gobierno escuche las demandas del colectivo.
La jornada de protesta ha sido también respaldada por otras organizaciones. Según la información publicada por Gaceta Médica, los sindicatos coinciden en que este Estatuto Marco “no puede convertirse en una nueva promesa vacía”, y que el Gobierno debe pasar de los compromisos retóricos a los hechos concretos.
En un contexto en el que la sanidad pública enfrenta desafíos estructurales, el conflicto abierto entre los sindicatos y el Ministerio adquiere una dimensión nacional. Pero en territorios como Melilla, donde las condiciones son aún más duras, la movilización no solo es una expresión de descontento: es una llamada urgente para no dejar a la ciudad atrás en la reforma sanitaria que España necesita.
