Aunque en la ciudad autónoma no se ha hablado de despidos, el sindicato pide a PP y PSOE que modifique la disposición adicional segunda de la reforma laboral.
El secretario general de CSIF Melilla, José Silvestre, aseguró ayer a El Faro que desde su sindicato trabajarán para evitar que se produzcan recortes y, en consecuencia, despidos en la plantilla de empleados públicos de la ciudad. Si bien no se ha hablado de reducciones de plantilla ni de EREs en la Administración Pública, Silvestre apuntó a que son el personal laboral y los interinos los más vulnerables a la disposición adicional segunda del Real Decreto de la reforma laboral. Por ello, secundó la petición que su formación sindical ha realizado, a nivel nacional, a los Grupos Parlamentarios del PP y el PSOE en el Senado para la modificación de este punto de la reforma y evitar así la posibilidad de que se puedan realizar EREs en el sector público. En Melilla, trabajan más de 2.000 personas en las Administraciones Públicas y el personal laboral e interinos suponen un 30% de la plantilla, por lo que, Silvestre aseguró que lucharán siempre por el mantenimiento de estos puestos de trabajo. “En Melilla no se ha hablado de recortes, pero ello no quita que estemos expuestos. Por ello, intentaremos que no se meta la tijera porque existen otros gastos y costes supérfluos”, argumentó el líder sindical melillense.En nota de prensa, CSIF explicó que su intención es que el PP rectifique ‘in extremis’ esta posibilidad en el trámite de la reforma laboral, que se inicia esta semana en el Senado, porque “se abre la puerta al despido de cerca de 700.000 personas en el conjunto de las Administraciones Públicas”.
700.000 familias en vilo
CSIF recordó además que estos empleados públicos obtuvieron su plaza mediante un proceso selectivo, bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que marca la Constitución Española y que garantizan la calidad e independencia de los servicios públicos. Por tanto, el sindicato dijo creer que “no es razonable modificar ahora las reglas del juego y permitir que puedan ser despedidos”.Además, el sindicato dijo no estar dispuesto a que el Gobierno central, “confundiendo a los ciudadanos, responsabilice de los problemas del país a los empleados públicos y a los servicios públicos, como la Sanidad o la Educación”. En este sentido, CSIF afirmó que no admitirá que a los funcionarios “se les utilice como moneda de cambio de las políticas que marca Bruselas para reducir el déficit y recuperar la confianza de los mercados”. “Se está jugando con 700.000 familias, que en estos momentos tienen una intranquilidad total y absoluta. Además, el despido de empleados públicos es contraproducente, por su influencia en el consumo interno y por tanto en la recuperación del país”, argumentaron desde CSIF.Por último y como sindicato más representativo en la Administración Pública, CSIF da al PP una “última oportunidad” para que, con su voto, envíe un mensaje de tranquilidad al colectivo de empleados públicos que ve peligrar su puesto de trabajo. “Si el PP quiere, todavía hay margen para mejorar el texto y los empleados públicos seguirán con mucho interés esta votación en la que caben dos posibilidades: garantizar los empleos o abrir la vía a un nuevo recorte. El conjunto de empleados públicos estará muy atento y actuará en consecuencia”, concluyó el sindicato. CSI-F también dirigió ayer una carta a los presidentes de las comunidades autónomas para que intervengan y convenzan a su grupo parlamentario para modificar la disposición adicional segunda de la reforma laboral, que afecta principalmente a los empleados públicos. En la misma línea, registró en el Ministerio de Hacienda una misiva, dirigida a su titular, Cristóbal Montoro, para que reconsidere su posición.
