La reciente visita a Melilla del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reabierto el debate sobre la estrategia institucional de la Ciudad Autónoma y su relación con el Gobierno central. Desde Coalición por Melilla (CpM), el diputado Emilio Guerra ha puesto el foco en lo que considera una oportunidad desaprovechada por parte del Ejecutivo local, liderado por Juan José Imbroda.
Según explicó el ministro durante su estancia, la ausencia de un encuentro con el presidente melillense no respondió a una negativa del Gobierno de España, sino a la inexistencia de una solicitud formal por parte de la Ciudad Autónoma. Este detalle, que en apariencia podría parecer menor, refleja, a juicio de CpM, una forma de gestión institucional que lleva tiempo generando preocupación.
Torres acudió a Melilla para participar en una reunión de seguimiento sobre la situación de los menores migrantes no acompañados, dentro de una ronda de encuentros que previamente se desarrolló en otros territorios como Canarias y Ceuta. En el marco de esta agenda, el ministro mantuvo contactos con distintos representantes institucionales. Sin embargo, desde CpM se lamenta que el presidente local no aprovechara la ocasión para trasladar directamente las principales demandas de la ciudad.
En este sentido, Guerra ha comparado esta situación con la actitud del presidente de Ceuta, Juan Vivas, quien sí utilizó una visita similar para defender los intereses de su territorio. Para la formación melillense, esta diferencia evidencia la falta de una estrategia clara y efectiva por parte del Ejecutivo local a la hora de gestionar sus relaciones con el Estado.
Desde CpM se insiste en que la dinámica de confrontación que mantiene el Gobierno de Melilla, aunque en ocasiones pueda estar respaldada por reivindicaciones legítimas, resulta contraproducente. A su juicio, este enfoque no fortalece la posición de la ciudad, sino que la debilita en los procesos de negociación con la administración central, especialmente en lo relativo a inversiones estratégicas.
El partido recuerda episodios recientes que, en su opinión, han contribuido a deteriorar las relaciones institucionales, como las tensiones con la Delegación del Gobierno o las amenazas de ruptura de contactos. Todo ello ha derivado, según sostienen, en una pérdida de peso político de Melilla en un momento clave para la captación de recursos y el desarrollo de proyectos fundamentales.
No obstante, CpM reconoce que existen motivos de descontento por parte del Ejecutivo local, especialmente en relación con compromisos pendientes del Gobierno central. Cuestiones como infraestructuras energéticas, disponibilidad de suelo, políticas de vivienda o diferencias en el trato respecto a otros territorios son consideradas demandas legítimas. Sin embargo, subrayan que estas reivindicaciones deben canalizarse mediante una interlocución institucional eficaz y constante.
En esta línea, Guerra ha señalado que la visita de Torres podría haber servido como una herramienta para situar sobre la mesa las prioridades económicas de Melilla, tales como la mejora de infraestructuras, la gestión fronteriza o el acceso a recursos energéticos. En lugar de ello, considera que se ha optado por mantener una relación marcada por el enfrentamiento, lo que dificulta cualquier avance.
La formación concluye que la relación entre la Ciudad Autónoma y el Gobierno central atraviesa actualmente una fase de estancamiento, caracterizada por la falta de comunicación fluida y acuerdos concretos. Como respuesta, CpM propone la creación de un órgano estable de diálogo institucional que reúna periódicamente a representantes locales, estatales y ministeriales.
Este espacio, planteado como una mesa permanente de negociación, permitiría abordar de forma estructurada las necesidades de Melilla y mejorar la transparencia en la gestión pública. Para CpM, solo a través de una coordinación constante y abierta será posible evaluar la eficacia de los responsables políticos y garantizar que los intereses de la ciudadanía estén debidamente defendidos.
