Coalición por Melilla (CpM) y su diputado Emilio Guerra han mostrado su rechazo a la aprobación, por parte del Pleno de la Asamblea, del expediente de contratación para la gestión de las 48 plazas del Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales de Internamiento para Menores Infractores. El expediente, valorado en 22,28 millones de euros para un periodo de cuatro años, salió adelante el pasado miércoles con los votos favorables del Partido Popular.
Según ha explicado Emilio Guerra, se trata de la segunda vez que este asunto llega al Pleno. La primera aprobación se produjo el pasado 3 de junio, aunque, según la formación, la tramitación contenía errores que posteriormente el Gobierno de la Ciudad intentó corregir mediante una diligencia de un director general.
Durante el debate plenario, CpM expuso las deficiencias que, a su juicio, continúan presentes en el expediente aprobado. Entre ellas, el diputado señaló que la fórmula de valoración de las ofertas está invertida, lo que, según sostiene la formación, otorgaría una mayor puntuación a la oferta económica más elevada.
Asimismo, Guerra indicó que el expediente recoge tres cifras distintas relativas al presupuesto base de licitación y también tres aplicaciones presupuestarias diferentes, circunstancias que, según la formación, generan dudas sobre la correcta configuración del contrato.
Otra de las cuestiones planteadas por CpM se refiere al incremento del precio del contrato. Según el diputado, entre los meses de febrero y abril el importe se incrementó en casi dos millones de euros, lo que supone un aumento del 9,6 %, sin que, según la formación, exista en el expediente una justificación que respalde ese encarecimiento.
Pese a sus críticas al procedimiento, Emilio Guerra quiso dejar claro que su grupo mantiene un compromiso total con la atención a los menores y con los profesionales que prestan servicio en el centro. En este sentido, aseguró que CpM ofreció al Gobierno local la posibilidad de alcanzar un acuerdo para retirar el punto del orden del día, corregir los errores detectados y aprobar posteriormente el expediente en un pleno extraordinario con el apoyo de la formación.
Sin embargo, el Ejecutivo optó por continuar con la tramitación y aprobar el contrato en los términos planteados inicialmente. Según Guerra, esta decisión podría derivar en la presentación de recursos por parte de posibles licitadores ante el Tribunal de Recursos Contractuales.
El diputado insistió en que las objeciones planteadas por su grupo no responden a una discrepancia política ni a un simple error administrativo, sino a cuestiones técnicas que, en su opinión, afectan de manera directa a la legalidad y viabilidad del procedimiento.
Por ello, CpM considera que quien pone en riesgo la continuidad de la gestión del centro de menores no es quien solicita la corrección del expediente, sino quien decide seguir adelante con una licitación que, según la formación, presenta defectos susceptibles de provocar su paralización.
La formación ha reclamado al Gobierno de la Ciudad que rectifique los pliegos antes de que continúe el procedimiento de contratación, al considerar que mantener la situación actual podría terminar perjudicando tanto a los menores como al propio servicio.
Además, Emilio Guerra anunció que su grupo continuará solicitando información sobre la documentación que pueda justificar el incremento del coste del contrato. También avanzó que presentarán escritos ante la Intervención General y realizarán un seguimiento del procedimiento a través de la Plataforma de Contratación.
Por último, CpM expresó su deseo de que el Ejecutivo local revise el expediente antes de que continúe su tramitación en los términos actuales. De no producirse cambios, la formación considera que se estaría actuando de manera irresponsable y advirtió de que la situación podría ser trasladada al Tribunal de Cuentas.
