El portavoz popular anuncia que las declaraciones de Velázquez, en las que afirma que el Gobierno local adjudicó obras a un presunto yihadista, serán “estudiadas por si procede algún tipo de actuación”.
El portavoz del Gobierno de la Ciudad, Daniel Conesa, salió ayer al paso de las declaraciones hechas un día antes por el presidente de Populares en Libertad (PPL), Ignacio Velázquez, en las que informó de la denuncia interpuesta contra el Ejecutivo melillense por adjudicar desde 2009 contratos de obras a un empresario de La Cañada detenido por ser un presunto yihadista. A preguntas de los periodistas, tras inaugurar las Jornadas de Derecho Enrique Ruiz Vadillo, Conesa anunció que las afirmaciones de Velázquez serán “estudiadas por si procede algún tipo de actuación”, al tiempo que afirmó que la Administración local adjudica contratos siempre que se cumplan los requisitos legales recogidos en la normativa vigente.
Conesa calificó de “repugnantes” las declaraciones del líder de PPL, si bien dijo no sentirse “sorprendido”, pues “en los tres años desgraciados que este partido lleva en la vida política, su táctica es vieja y conocida”. Al portavoz del Ejecutivo melillense no le gustó la rueda de prensa de Velázquez en las que “utiliza la táctica de ‘no te acuso, pero te acuso”.
Insistió en que las declaraciones del presidente de Populares en Libertad serán “estudiadas”, pues intenta establecer “una conexión entre la contratación de un empresario con una financiación de supuestas actividades ilegales”. “Es absolutamente repugnante, aunque no me sorprende porque es una forma de hacer política de hacer declaraciones y acusaciones injuriosas y calumniosas”, reiteró.
“La culpa no es de la Ciudad”
Conesa sostuvo que la Ciudad Autónoma a lo largo de los últimos años ha adjudicado contratos de todas las formas diferentes que contempla la legislación española. “La Administración contrata en las formas que permite la ley con decenas y cientos de empresarios y son centenares o miles los contratos que se realizan al año. Si alguno de esos empresarios luego resulta que es un violador, un asesino, un pederasta, un evasor fiscal, un delincuente o un terrorista o pseudoterrorista, no es achacable a la Ciudad”, argumentó.
El dirigente popular melillense añadió que “la culpa no la tiene la Ciudad por contratarlo si éste tiene capacidad legal para ser contratista de la Administración porque cumple con los requisitos legales”. Conesa también rechazó las afirmaciones de Velázquez en las que insinúa que el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, conocía que el presunto yihadista, lo era. “Que Velázquez insinúe que Imbroda lo sabía o no es la vieja táctica. Es repugnante”, insistió.
“El PSOE se suma al carro”
El portavoz del Ejecutivo continuó explicando que “la Ciudad Autónoma contrata en base a los requisitos estipulados en la ley y si luego algún empresario tiene otro tipo de problemas, de cometer delitos, es responsabilidad de ese empresario. Lo que no puede ser es reclamar o recriminar a la Ciudad los contratos que hayan podido hacerse con un determinado empresario hace cinco años y que ahora resulta que está detenido”.
“Me parece absolutamente reprobable esta actuación política, reclamar que se contrate a un empresario hace cinco años, que no tenía problemas, y después resulta que es un delincuente, siempre dentro del respeto a la presunción de inocencia”, apostilló Conesa.
Por último, recalcó que al Gobierno de la Ciudad no le “preocupa” la denuncia anunciada por el presidente de PPL y lamentó la forma de hacer política de la formación que lidera Velázquez como también al PSOE melillense. “El PSOE, que está sumido en la mayor de las ruinas en Melilla, se sumó al carro de esta historia, de manera más tangencial, pero se sumó”, zanjó el portavoz del Gobierno local.
Lo que denunció Velázquez
El presidente de Populares en Libertad (PPL), Ignacio Velázquez, anunció el pasado martes que su formación política había presentado la semana pasada una denuncia en los juzgados melillenses para que se investiguen los contratos que la Ciudad ha venido adjudicando a uno de los presuntos yihadistas detenidos en la ciudad el pasado 30 de mayo en la denominada ‘Operación Jáver’. Según explicó Velázquez, la Administración local habría adjudicado a este empresario contratos por un importe superior a 334.000 euros entre los años 2009 y 2014. Además, calificó de “curioso y sorprendente” que parte de esos contratos se adjudicaran en fechas cercanas a las elecciones autonómicas y generales que se celebraron en mayo y noviembre de 2011. El presidente de PPL destacó que el último ingreso, de 39.666 euros, se realizó tan sólo 20 días antes de la detención del presunto yihadista. También alertó “del juego peligroso” de la Ciudad en este asunto, máxime cuando han descubierto que “los pagos se realizaban directamente al DNI del presunto yihadista, al que no se le conoce ningún pasado ni presente empresarial”, apostilló.
