La Defensora del Pueblo ha iniciado una investigación para conocer las circunstancias en las que se produjo la entrega de la mayoría de los inmigrantes que llegaron en la madrugada del pasado martes a Isla de Tierra. La institución que dirige Soledad Becerril ha puesto en marcha el procedimiento al conocer las denuncias de varias ONGs sobre supuestas irregularidades y ha solicitado explicaciones a la Secretaría de Estado de Seguridad. Como no podía ser de otra forma, la Defensora del Pueblo sólo está realizando la labor que le asigna la Constitución. Quedarse de brazos cruzados sería aún más grave que las presuntas irregularidades que investiga. Sin embargo, el hecho de haber iniciado ese procedimiento no equivale a la existencia inequívoca de acciones fuera de la legalidad llevadas a cabo por el Gobierno. La institución debe poder trabajar con todos los datos para emitir su informe y recomendaciones. Debe conocer las circunstancias de la inmigración en Melilla, los argumentos con los que trabajan las autoridades españolas y las herramientas legales de las que han hecho uso para enmarcar su actuación. Y para ello, para que el análisis sea sosegado, conviene dejar que el asunto se aleje de los titulares de los medios de comunicación y esperar a que quede atrás la sequía informativa que cada verano empuja a Melilla hasta las redacciones de los periódicos nacionales.
Entre los hechos a analizar por la Defensora del Pueblo estará tratar de determinar el punto desde el que partieron los inmigrantes antes de recalar en Isla de Tierra. La lógica no deja lugar a la duda: Llegaron desde Marruecos. España y el país vecino mantienen desde 1992 un convenio de readmisión de inmigrantes que no siempre las autoridades del reino aulauita están dispuestas a interpretar de la misma manera. Pero lo cierto es que el acuerdo existe y que han pasado veinte años desde su firma.
