El Gobierno local, a través de su portavoz, Daniel Conesa, anunció ayer que a partir de ahora todos los acuerdos adoptados por los órganos colegiados de la Asamblea autonómica se harán públicos. Falta saber hasta qué punto es interesante esa información para el conjunto de la sociedad melillense o contabilizar los ciudadanos que tienen interés en conocer de manera pormenorizada los detalles de esos acuerdos. Sin embargo, al margen de las ‘audiencias’ o del número de seguidores que tenga la publicación de esos documentos, extraña saber que éste no sea un asunto resuelto ya hace tiempo. Es sorprendente que hasta ahora los acuerdos adoptados por los órganos colegiados de la Asamblea y de las sociedades públicas no fueran accesibles para los ciudadanos. La obligación de dar a conocer a partir de ahora esos acuerdos servirá, sin duda, para evitar suspicacias y tentaciones. El hecho de que el contenido de esas decisiones sea público obligará a partir de ahora a sus responsables a reforzar más aún el esmero con el que se confeccionan los documentos y a justificar con mayor intensidad la idoneidad de las medidas que adopten. En este sentido, esta decisión no sólo beneficia a la ciudadanía, sino que los propios gestores de los asuntos públicos verán así refrendado su trabajo gracias a la ‘luz y taquígrafos’ que acompañarán a cada uno de sus acuerdos.
Esta información “más exhaustiva”, como la definió ayer el portavoz del Ejecutivo melillense llegará de la mano de las nuevas tecnologías. Conesa indicó que se puede aprovechar la página web de la Ciudad Autónoma para cumplir con este propósito del Gobierno local. Sin duda, los nuevos medios y herramientas ayudan, pero ni son la justificación para tomar estas medidas ahora ni la excusa para no haberlas tomado ya. Por encima de las posiblidades que ofrece la tecnología en un momento determinado está la voluntad política. En este caso, finalmente los medios, las intenciones y los fines coinciden y van de la mano.
