La Policía Nacional ha arrestado a cinco personas en Melilla por su implicación en dos delitos distintos relacionados con la falsedad documental: un matrimonio de conveniencia entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí, y un contrato de alquiler ficticio vinculado a un empadronamiento fraudulento. Las investigaciones han sido llevadas a cabo por la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF).
Los hechos se remontan al mes de marzo, cuando los agentes de la UCRIF tuvieron conocimiento de una posible boda simulada entre una melillense y un ciudadano marroquí en situación irregular. El objetivo era que este último pudiera solicitar una autorización de residencia como cónyuge de ciudadana comunitaria. La solicitud fue presentada ante la Oficina de Extranjería, pero fue rechazada por falta de veracidad en los documentos presentados.
Tras una investigación exhaustiva, los agentes detectaron irregularidades en la documentación notarial del supuesto matrimonio. La mujer implicada confesó en sede policial que había recibido una cantidad de dinero a cambio de contraer matrimonio con el ciudadano marroquí. Esta confesión confirmó que se trataba de un acuerdo fraudulento, cuya única finalidad era facilitar la permanencia del hombre en el territorio nacional mediante documentación obtenida de forma ilícita.
Además, participaron en la farsa otras dos personas que actuaron como testigos del enlace. Uno de ellos ya ha sido arrestado y el otro se encuentra en paradero desconocido, pendiente de detención.
Segundo caso
De forma paralela, la UCRIF investigó un segundo caso que también ha concluido con la detención de dos personas, esta vez por empadronamiento fraudulento. La investigación comenzó cuando la Oficina del Padrón detectó inconsistencias en una solicitud de cambio de residencia presentada por una mujer. Una posterior inspección de la Policía Local permitió constatar que la mujer no residía realmente en el domicilio declarado.
La documentación del supuesto contrato de arrendamiento también fue examinada por los investigadores. Se comprobó que el inmueble en cuestión era propiedad de la Administración Local y estaba habitado por el supuesto arrendador y su familia. A pesar de ello, se formalizó un contrato falso con la intención de justificar un empadronamiento inexistente, lo que podría haber derivado en beneficios administrativos para la implicada.
Ambos (arrendador y arrendataria) han sido detenidos por un presunto delito de falsedad documental. La Policía Nacional ya ha puesto a disposición judicial los atestados de ambos casos, iniciándose así los correspondientes procedimientos penales.
Estos nuevos casos ponen de relieve una modalidad delictiva que preocupa cada vez más a las autoridades y a la sociedad melillense. No se trata de hechos aislados. En mayo de este año, El Faro de Melilla ya informó sobre la detención de dos personas por el uso de certificados de empadronamiento falsos con la intención de acceder a ayudas sociales de forma irregular.
En ese contexto, también se han elevado voces políticas que reclaman una revisión más exhaustiva de los mecanismos de control en el acceso a beneficios públicos. El grupo parlamentario de Vox en la Asamblea de Melilla solicitó recientemente un “control estricto sobre quienes reciben ayudas públicas en Melilla”, advirtiendo que “las irregularidades detectadas en algunos procedimientos deben ser atajadas con contundencia”.
Desde la Policía Nacional se ha reiterado el papel crucial de la UCRIF en la detección y persecución de estos delitos. La unidad trabaja en la prevención del fraude documental, la inmigración ilegal y el tráfico de personas, en colaboración con organismos nacionales e internacionales. La institución hace un llamamiento a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa que pueda poner en riesgo la legalidad o el correcto funcionamiento de los servicios públicos.
