CCOO y UGT denuncian el convenio de los funcionarios y reclaman una subida de sueldo

CCOO y la Unión General de Trabajadores decicieron denunciar el pasado 15 de diciembre el III Convenio Único del Personal Laboral de la Administración General del Estado (AGE) y ayer, este último sindicato ofreció una rueda de prensa para explicar los motivos de su demanda.

El secretario general de la UGT de Melilla en la sección de Administración del Estado, Carlos Álvarez, compareció ayer en la sede del sindicato para expresar el malestar de su organización con respecto a la situación del funcionariado en nuestro país pues, según Álvarez, son los “verdaderos pagadores de la crisis”.
Los empleados de la AGE, recordó primeramente el portavoz, están amparados por un convenio colectivo caduco, que venció en 2009. Los sueldos de estos trabajadores están congelados desde el 2007, años en que se ha bloqueado igualmente la contratación de nuevo personal. Como resultado, se ha perdido casi un 12% de empleo público en España, un 8,8% en Melilla.
Como respuesta a esta situación, UGT expresó las dos principales peticiones de su organismo, que junto a Comisiones Obreras ha conformado una plataforma para abordar la  problemática.
El primer objetivo de ambos sindicatos es renovar el convenio mejorando el sueldo del funcionariado, comenzando con un  incremento del 5% el primer año y después igualando la subida anual al de la patronal privada. Todo esto  con un sueldo mínimo fijado en 1.200 euros al mes.
Como segundo punto a abordar, reclaman un plan de empleo que mejore la pírrica oferta actual de trabajo público. Como ejemplo de lo acontecido, y en la ciudad de Melilla, el número de funcionarios ha descendido casi un 9%, pasando de los 2.389 a los 2.178.
Todo esto, unido a la falta de convocatorias para nuevas plazas en la AGE,  ha traído como consecuencia un notable envejecimiento  del personal del Estado. De todos ellos, más  de un 60% están por encima de los 50 años.
Desde UGT reclaman, pues, un plan de ordenación de Recursos Humanos que rejuvenezca y redimensione las actuales plantillas para que la prestación de servicios públicos no quede mermada.