Un año después de su entrada en vigor, la reforma legislativa que regula la reubicación de menores migrantes no acompañados en España está logrando progresos significativos, aunque aún no se han alcanzado todas las metas previstas. Según la agencia EFE, Canarias, Ceuta y Melilla están próximas a salir de la situación de emergencia en la que se encontraban, mientras que otras comunidades autónomas han proporcionado una acogida digna a los menores, a pesar de los obstáculos políticos y judiciales que surgieron tras la aprobación del real decreto ley.
La modificación de la Ley de Extranjería transformó el modelo de atención a estos jóvenes, estableciendo que no sean únicamente las comunidades donde llegan inicialmente —especialmente Canarias, Ceuta y Melilla— las responsables de su tutela. En cambio, los menores deben ser derivados a otras regiones siguiendo criterios establecidos, lo que permite distribuir los recursos y evitar la saturación de los sistemas de acogida locales.
Esta medida se implementó en un contexto especialmente crítico para Canarias, que llegó a asumir con sus propios recursos la atención de casi 6.000 menores, generando tensiones con otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, que denunciaban carecer de medios para asumir la responsabilidad de acoger a los jóvenes.
Según fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, más de 1.100 menores migrantes no acompañados han sido reubicados desde Canarias, Ceuta y Melilla hacia el resto de comunidades autónomas en el último año. Este número incluye casi 450 jóvenes trasladados por orden del Tribunal Supremo, que instruyó al Ejecutivo central a garantizar la atención de los menores solicitantes de protección internacional.
Estas cifras se encuentran todavía por debajo de la previsión inicial de 4.400 reubicaciones, debido a que no se han completado todos los traslados previstos y a que algunos expedientes se han archivado, principalmente porque los menores alcanzaron la mayoría de edad durante el proceso. Según los últimos datos del Gobierno, Canarias ha trasladado aproximadamente 200 menores, Ceuta más de 400 y Melilla algo más de 60. El Ministerio señala que en Canarias existen más de 700 expedientes listos para ser derivados que aún no se han ejecutado, lo que depende exclusivamente del archipiélago.
El ministro Ángel Víctor Torres ha afirmado recientemente que Ceuta y Melilla están próximas a superar la contingencia migratoria, declarada cuando la población tutelada alcanzó el triple de la capacidad de acogida, y que Canarias también se encuentra “muy cerca” de esta situación. Según EFE, actualmente las islas tutelan a 3.596 menores. Sin embargo, restando a los 476 que están en la red nacional de asilo, los 267 que llegarán en las próximas semanas, los 276 que cumplirán 18 años próximamente y los 216 que están en proceso de reubicación, el Ejecutivo estima que Canarias acogerá en breve a unos 2.361 menores, muy cerca del límite de contingencia de 2.211, el triple de su capacidad ordinaria de 737.
Por su parte, el Gobierno de Ceuta mantiene cautela respecto a la situación. Aunque celebra el traslado de numerosos menores, la ciudad continúa recibiendo entradas frecuentes de jóvenes que cruzan a nado, manteniendo los servicios locales “colapsados”. Hasta el 13 de marzo, Ceuta acogía a 308 menores, cuando su límite para superar la emergencia es de 81, según datos recogidos por EFE.
El Ministerio de Juventud e Infancia ha valorado de manera “muy positiva” el impacto de la reforma, subrayando que ha garantizado el interés superior de los menores y ha reducido significativamente la presión sobre los sistemas de acogida en Canarias, Ceuta y Melilla. Además, destacan que, a pesar de los recursos judiciales y los intentos de bloqueo por parte de algunas comunidades del PP, el real decreto se ha cumplido “con normalidad” gracias al trabajo de los profesionales encargados de la tutela y la integración de los jóvenes.
EFE informa que la aplicación del real decreto ley provocó tensiones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas del PP, con recursos ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y tribunales superiores de justicia de algunas regiones. Sin embargo, mientras se resuelven estos procesos judiciales, las comunidades han continuado cumpliendo con la normativa y acogiendo a los menores que han sido derivados.
En este contexto, EFE recoge que las comunidades han priorizado recursos pequeños, a menudo ubicados en entornos rurales, garantizando escolarización, clases de español y actividades deportivas para facilitar la integración de los menores. Aragón, por ejemplo, ha acogido a 84 jóvenes en centros de convivencia de pequeño tamaño que recrean un ambiente familiar. Cantabria ha adoptado un modelo similar con 33 menores, mientras que Castilla-La Mancha ha destacado la colaboración intergeneracional y la formación académica de los jóvenes, incluyendo la posibilidad de acceder a la universidad.
Galicia ha recibido a 78 menores, habilitando centros en Monforte de Lemos y Burela, y La Rioja ha acogido a 64 jóvenes, utilizando un antiguo monasterio de Logroño para 14 de ellos. Navarra tutela a 43 menores, organizando escolarización para los menores de 16 años y cursos de formación laboral para los mayores. Cataluña ha recibido a 31 jóvenes, mientras que Baleares solo ha acogido a cuatro, considerando la presión migratoria que han sufrido las islas este año. Algunas comunidades no han facilitado información sobre la acogida en sus territorios.
Finalmente, EFE apunta que, aunque el real decreto fijaba un año de plazo para la reubicación, el objetivo no se ha completado. El ministro Torres ha solicitado a la Abogacía del Estado un informe legal sobre cómo continuar las derivaciones más allá del plazo inicial, quedando este proceso supeditado, en gran medida, a la cooperación de las comunidades autónomas.
