Un grupo de trabajo formado por “especialistas de distintas áreas del Ministerio del Interior” trabaja en la búsqueda de “formulas que encajen con el derecho comunitario para contemplar los rechazos en frontera”, asegura un teletipo de EFE que cita “fuentes oficiales” del Gobierno. La noticia es sorprendente porque o bien implica el reconocimiento implícito de que se han venido realizando las ‘devoluciones en caliente’ que no ‘encajan’ en la ley o bien anuncia que la intención del Ministerio es empezar a llevar a cabo estas expulsiones inmediatas tras conseguir su ‘encaje’ legal.
La misión de esos “especialistas de diversas áreas” no es fácil porque tienen que prever primero una avalancha de enmiendas de la oposición en el Congreso y el Senado, luego un cúmulo de recursos de inconstitucionalidad de los abogados y finalmente una profusión de denuncias de ONGs de todo tipo ante las instituciones europeas. Debería plantearse el ministro Fernández Díaz si no es más conveniente orientar el trabajo de sus “especialistas de diversas áreas” hacia otros objetivos menos ‘cortoplacistas’. Tendría que pensar si no es una equivocación encabezonarse en conseguir amparo legal para que los guardias civiles lleven a cabo acciones que muy probablemente generen toda clase de críticas. Y todo ello, sin tener en cuenta que el éxito o efectividad de esta reforma quedará en gran medida en manos de Marruecos, el destinatario de nuestras ‘devoluciones en caliente’, un país con el que mantenemos hoy unas relaciones “excelentes” (como no se cansa de repetir el Gobierno) y continuamente “cambiantes” (como es fácil comprobar echando un vistazo a la historia).
Por otra parte, el ministro debe sopesar si un endurecimiento de la Ley de Extranjería tras encajarla en el derecho comunitario será suficiente para desanimar a los miles de inmigrantes que esperan al otro lado de la frontera o si bastará para poner fin a una tragedia humanitaria que provoca que nos llevemos las manos a la cabeza cada vez que ocurre un drama como el de Ceuta.
Hace unos años, en 2005, el Gobierno del PSOE decidió subir unos metros la valla fronteriza y dotarla de elementos que dificultaran el poder superarla. Ahora el Ejecutivo del PP se propone hacer lo mismo con la Ley de Extranjería. Los socialistas hace nueve años y los populares hoy insisten en coger el rábano por las hojas. Ni aquella nueva valla fronteriza ni esta Ley de Extranjería adaptada a la ‘singularidad’ de Melilla y Ceuta servirán para frenar una inmigración que tiene su origen en la enorme desigualdad entre la miseria del Tercer Mundo y las oportunidades que ofrece la próspera Europa.
