EL titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla se mantiene firme en su decisión de continuar investigando una organización de delincuentes que entre 1979 y 1985 se dedicó a la venta de bebés. El juez entiende que se trata de delitos que legalmente no han prescrito y que, por lo tanto, no debe terminar la persecución de sus autores, aunque existan muy pocas posibilidades de sentar a alguno en el banquillo de los acusados. Para muchos de ellos, fallecidos, ya sólo existe la justicia divina y a otros, enfermos o en avanzada edad, las leyes de los humanos les eximen dar explicaciones siquiera de los actos de los que se les acusa.
La Justicia en este caso sólo puede aspirar a descubrir la verdad y permitir que ésta sea conocida por las víctimas. Aquellos hechos ocurridos entre finales de los 70 y mediados de los 80 han permanecido ‘olvidados’ durante demasiado tiempo. El paso de los años los ha cubierto con una capa de impunidad.
La labor detectivesca, de la que el juez quiere hacer partícipe a la ciudadanía solicitando su colaboración, sólo servirá para dar opción a esos bebés, hoy ciudadanos adultos, de elegir entre conocer a sus verdaderos progenitores o continuar viviendo en la creencia de que sus padres son el hombre y la mujer con los que han crecido.
Difícilmente acabará alguien entre rejas. Por ello, tal vez el único resultado práctico para la Guardia Civil y la Justicia sea determinar cómo se produjeron los hechos, identificar qué procedimientos pueden mejorarse para evitar nuevos casos y facilitar que los datos o denuncias sobre esta clase de sucesos lleguen con más fluidez a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que los jueces tenga oportunidad de actuar de una manera efectiva. En el caso que investiga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla el paso del tiempo ya ha dictado sentencia.
