La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha manifestado su firme rechazo a la posible vuelta del servicio militar obligatorio, una propuesta que ha vuelto al debate público en varios países europeos, pero que en España suscita una fuerte oposición desde el ámbito militar profesional. En un comunicado emitido este lunes, ATME afirma que la reintroducción de la “mili” no resolverá los graves problemas estructurales de las Fuerzas Armadas y que, por el contrario, podría generar un amplio rechazo social y reproducir situaciones del pasado como la insumisión.
Desde la asociación insisten en que la única vía posible para fortalecer la defensa nacional es apostar por un ejército “verdaderamente profesional”, formado por militares con estabilidad laboral, salarios dignos y una carrera con salidas reales tanto dentro como fuera del ámbito castrense. “El modelo actual está al borde del colapso”, advierte ATME, señalando que los partidos políticos han preferido mantener un sistema sustentado en la temporalidad y los bajos sueldos en lugar de acometer reformas profundas.
Este posicionamiento llega en medio de un contexto europeo marcado por el aumento de la tensión internacional, en el que países como Alemania, Suecia o Noruega han empezado a debatir el retorno del servicio militar obligatorio. En España, sin embargo, el Gobierno ha optado por no sumarse, al menos de momento, a esta tendencia, como recogió recientemente Infodefensa, decisión que ATME respalda y considera acertada. La organización pone como ejemplo la guerra de Ucrania para destacar la eficacia de un ejército profesional bien preparado frente a uno obligatorio
En su nota, ATME repasa las carencias del modelo español desde la desaparición de la mili a finales de los años 90. Critica que la pretendida profesionalización fue, en muchos casos, una “mili pagada”, con compromisos de corta duración y retribuciones mínimas. La Ley de Tropa y Marinería de 2006 intentó paliar esta situación ampliando los compromisos hasta los 45 años y creando la figura del militar permanente, pero solo un porcentaje muy reducido puede acceder a esa estabilidad.
“La mayoría sigue atrapada en un modelo precario que solo atrae personal cuando la economía se hunde”, denuncia la asociación, que también subraya la falta de voluntad política para corregir la situación. A ello se suma, según ATME, el bloqueo institucional al asociacionismo militar, al que se impide impartir charlas en las unidades o participar en la negociación de mejoras salariales y de carrera. Como ejemplo, citan el estancamiento desde hace casi una década de la comisión encargada de revisar la Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
ATME también cuestiona la viabilidad económica y social de reinstaurar la mili: “Los costes de alojamiento, alimentación y formación de miles de reclutas serían enormes, y la sociedad actual no toleraría las precarias condiciones que vivieron los conscriptos del pasado”. Añaden que una medida de ese tipo solo contribuiría a agravar el descontento ciudadano hacia el estamento militar, en lugar de fortalecer su prestigio.
Como alternativa, la asociación propone una reforma integral que incluya la mejora de las condiciones laborales, el acceso justo a la permanencia, la creación de una reserva voluntaria operativa con activaciones anuales, y una apuesta decidida por fomentar una auténtica cultura de defensa desde el sistema educativo. “Los políticos hablan de ello, pero no lo aplican”, critican.
“España no necesita mirar atrás ni repetir errores. Necesita un ejército moderno, bien pagado y con derechos, que sea una opción de vida digna y útil para quienes decidan servir al país”, concluye la asociación, marcando un mensaje firme y sin ambigüedades ante un debate que resurge en Europa pero que, para ATME, no tiene cabida en el modelo de defensa español actual.
