ATME insiste en el reconocimiento de los militares como profesión de riesgo

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) tiene previsto presentar, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, un documento que contiene un decálogo de ‘Medidas para modernizar la carrera militar del personal de la Escala de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas españolas’ en el que se insiste en una nueva ley integral de la carrera militar, un nuevo reglamento de retribuciones y el reconocimiento de la profesión militar como profesión de riesgo.

En concreto, la primera propuesta habla de una nueva ley integral de la carrera militar que incluya, por ejemplo, la vinculación profesional como militar de carrera para todas las escalas y la garantía de promoción interna y cambio de cuerpo sin limitación del número de convocatorias.

La segunda pide un nuevo reglamento de retribuciones y dietas que actualice los complementos de empleo de cada escala, que incluya una subida lineal de los complementos específicos y que pague las horas extras y compense las horas trabajadas en nocturnidad, festividad y turnicidad.

La tercera medida se refiere a la actualización y el desarrollo de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes para la protección de las asociaciones militares profesionales y el reconocimiento de sus derechos de sindicación y participación política.

La cuarta propuesta, sobre justicia militar y régimen disciplinario, exige la limitación de las sanciones de arresto y de la supresión de la justicia militar en tiempo de paz.

A continuación, para el reconocimiento como profesión de riesgo de la carrera militar, ATME pide la modificación de las leyes, porque, como indica el presidente de la asociación, Marco Antonio Gómez, no entiende “que nadie está poniéndose el mono de trabajo para cambiar la ley, porque no cabe en la cabeza de nadie que esta profesión no sea de riesgo”. Este punto también incluye el adelanto de la jubilación tanto para el personal de las Fuerzas Armadas como para los militares que se incorporen a las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las policías autonómicas o locales y a otros cuerpos de la Administración General del estado o entes autonómicos y locales.

Sexto, ATME exige medidas “reales” para garantizar conciliación familiar y profesional y “mitigar” la carga de trabajo vinculada a este punto que afecta a los militares no acogidos a estas medidas. También reclama eliminar el descuento de indemnización por residencia en los supuestos de reducción de jornada.

En medidas de materia de personal, la asociación pide una revisión de las normas reguladoras de los informes de calificación para buscar la objetividad y que su peso en ascensos no sea superior al 10 por ciento. También quiere una nueva ley de movilidad geográfica.

En octavo lugar, sobre las condiciones de vida, las reclamaciones son garantizar las coberturas sociales a todos los militares sin exclusión, construir nuevas residencias logísticas y modernizar las actuales y que el número máximo de personas por habitación en residencia o alojamiento logístico sea de dos.

Sobre los reservistas de especial disponibilidad (RED), se exige la actualización de la asignación de disponibilidad y su percepción hasta la edad de jubilación. Igualmente, cuando se apruebe una Ley Integral de la Carrera Militar, ATME sugiere posibilitar la reincorporación voluntaria del personal reservista de especial disponibilidad que cuente con la titulación en Unidades de Apoyo a la Fuerza.

Otras medidas incluidas en el décimo punto del decálogo son equiparar el régimen del copago de medicamentos del personal perteneciente al ISFAS al del personal sujeto al Régimen General de la Seguridad Social; percibir todas las escalas la misma cuantía en dietas y en porcentajes por Indemnización por Residencia Habitual (IRE) y pluses, así como en las condiciones de alojamiento y traslado durante la realización de comisiones, maniobras, ejercicios, cursos, etc.; y crear, dentro del Ministerio de Defensa, la estructura necesaria para gestionar como personal civil, bien funcionario o laboral, al personal de tropa y marinería que se desvincule de las Fuerzas Armadas, con objeto de que puedan desempeñar las funciones que actualmente realizan las empresas contratadas para cubrir los servicios externalizados.