ATME denuncia recortes injustificados en los atrasos salariales a militares de baja médica

La asociación denuncia que Defensa descuenta parte del incremento retributivo a quienes estuvieron temporalmente incapacitados en 2025

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha alzado la voz este lunes contra lo que califica de “nuevo agravio” a los militares. Según ha denunciado en una nota informativa, el Ministerio de Defensa ha aplicado descuentos en los atrasos del incremento salarial correspondiente al Complemento General del Complemento Específico (CGCE) a aquellos efectivos que estuvieron de baja médica durante 2025, incluso cuando la incapacidad temporal se produjo por actos relacionados con el servicio.

La polémica surge tras la aplicación de una subida salarial de 200 euros mensuales, anunciada a comienzos de año y que debía abonarse de manera retroactiva desde el 1 de enero. Sin embargo, al calcular los atrasos correspondientes en la nómina de abril, muchos militares se encontraron con que el monto recibido era inferior al esperado. ¿La razón? El descuento proporcional de los días en que el trabajador estuvo de baja médica.

La situación ha generado un profundo malestar en las filas militares, especialmente entre quienes se sienten doblemente perjudicados: primero por su baja médica y después por un recorte económico que no esperaban. ATME reitera que no cesará en su defensa del personal militar hasta lograr una solución justa y definitiva.

Desde ATME se insiste en que esta medida es discriminatoria y carece de justificación, ya que el CGCE retribuye el empleo militar, no las funciones o tareas específicas realizadas. “La incapacidad temporal no puede afectar al derecho a percibir un complemento que depende del empleo ostentado”, señala la asociación.

Devolución de los importes

La organización ha exigido formalmente al Ministerio de Defensa la restitución inmediata de las cantidades descontadas, así como una explicación detallada sobre los criterios utilizados para aplicar los recortes a las personas en situación de incapacidad temporal.

Para ATME, esta actuación refleja una gestión insensible hacia los derechos del personal militar, que no solo ha desempeñado su labor bajo condiciones exigentes, sino que en muchos casos las bajas médicas derivan de situaciones vividas en acto de servicio. “No puede penalizarse económicamente a quienes han enfermado o sufrido lesiones cumpliendo con su deber”, insisten desde la asociación.

Este nuevo desencuentro se suma a un clima de malestar que ya ha provocado movilizaciones por parte del colectivo. De hecho, ATME tiene prevista una concentración frente al Ministerio de Defensa el próximo 26 de abril, autorizada por la Delegación del Gobierno en Madrid. En dicha protesta se reivindicarán, entre otras cuestiones, mejoras salariales, estabilidad en el empleo y respeto a los derechos laborales del personal de tropa y marinería.

Ya en febrero, ATME celebró la validación legal de estas concentraciones, en respuesta a ciertas críticas internas que cuestionaban su legitimidad. La organización recuerda que las protestas se realizan conforme a la normativa vigente, sin uniforme militar y sin vínculos políticos ni sindicales.

Antecedentes y críticas

Cabe recordar que ATME ya expresó su malestar a comienzos de año tras el anuncio del incremento de 200 euros mensuales en el CGCE. En declaraciones recogidas por El Faro de Melilla, la asociación consideró la medida “insuficiente” para compensar la responsabilidad, exigencia y condiciones en las que opera la tropa y marinería española.

“Si bien cualquier subida es bienvenida, seguimos muy lejos de los estándares de reconocimiento y retribución que merecen nuestras Fuerzas Armadas”, explicaban entonces.

Con la nueva denuncia, ATME vuelve a poner sobre la mesa lo que considera un trato desigual hacia el personal militar, insistiendo en que las mejoras anunciadas por Defensa no pueden convertirse en privilegios condicionados a la salud del trabajador.

La asociación concluye su comunicado exigiendo una rectificación urgente y una política salarial “más justa, transparente y acorde al compromiso que los militares tienen con el país”.

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