El Pleno de la Asamblea de Melilla ha dado este lunes un paso clave hacia la materialización de una residencia universitaria en la ciudad al aprobar de forma definitiva el estudio de viabilidad que permitirá la construcción y explotación de este proyecto mediante un contrato de concesión de obra y servicio. Se trata de una inversión prevista de cerca de 13 millones de euros, que será financiada íntegramente por capital privado, según explicó el consejero de Fomento, Miguel Marín.
La votación resultó favorable con 13 votos a favor, correspondientes al Grupo Popular y al diputado no adscrito Javier Da Costa; 5 abstenciones del Grupo Coalición por Melilla (CPM) y 3 votos en contra emitidos por los diputados del PSOE.
El debate en el pleno reflejó una profunda división sobre el modelo de gestión del proyecto. El primero en intervenir fue Rachid Bussian, diputado de CPM, quien mostró reservas sobre el proceso seguido por el Gobierno local para llegar a este punto. Según detalló, desde la aprobación del gasto para la contratación de la asistencia técnica en mayo del año pasado hasta la aprobación definitiva de este lunes, ha transcurrido “prácticamente un año solo para determinar la conveniencia y oportunidad de este estudio”.
“Si ustedes alegan que los plazos administrativos limitan la acción de gobierno, entonces tampoco es una prioridad”, reprochó Bussian al consejero de Fomento. “Estamos hablando de un proyecto que supuestamente figura en su programa electoral, pero al que no se le ha dado agilidad. Es una inversión de casi 13 millones de euros que será asumida por el concesionario. Todo financiado con fondos privados. Entonces, la función de la Ciudad será garantizar el cumplimiento del contrato. ¿Cómo lo van a hacer?”, preguntó.
El diputado de CPM también insinuó que el Ejecutivo local ya podría haber mantenido contactos previos con posibles inversores. “Una carga económica así no se asume sin ciertas garantías”, dijo, para después recordar que la legislación vigente establece que el riesgo económico y operativo recae exclusivamente en el concesionario, lo que, a su juicio, exige un control riguroso por parte de la Ciudad Autónoma.
Por parte del PSOE, el diputado Riduan Moh fue aún más contundente en sus declaraciones. Aseguró que el estudio aprobado “huele a pelotazo” y criticó que no se incluyan informes clave como el impacto ambiental o de seguridad. “No sabemos realmente qué estamos aprobando. Si fuera un estudio de viabilidad económico, debería estar mejor justificado; y si fuera urbanístico, le faltan elementos esenciales”, denunció.
Moh ironizó sobre lo que calificó como “una gran bola de heces pintada de purpurina” y acusó al Gobierno de hacer “un traje a medida para el concesionario”. En su opinión, entregar suelo público durante 40 años —el máximo legal permitido— sin una contraprestación clara representa un uso irresponsable de los recursos públicos. “Usted habla de precios congelados durante cuatro décadas, algo absurdo desde cualquier perspectiva económica. Y encima lo sitúa lejos del campus, sin resolver el problema del transporte o la falta de integración de los servicios universitarios”, añadió.
Miguel Marín, vicepresidente primero y consejero de Fomento, defendió la legalidad y necesidad del proceso. “Estamos cumpliendo con todos los trámites establecidos por ley. Los plazos no los inventamos nosotros. Desde que se licita un estudio, se adjudica, se ejecuta y se somete a exposición pública, pasan meses. Esto es normal en cualquier administración”, explicó.
Marín también rebatió la crítica del PSOE sobre la supuesta falta de información. “Usted mismo ha dicho que no sabe lo que estamos aprobando hoy, y sin embargo habla de pelotazo. Le aclaro: hoy aprobamos un estudio de viabilidad para que, en la siguiente fase, podamos licitar la construcción, gestión y mantenimiento de una residencia universitaria destinada principalmente a estudiantes deportistas”, puntualizó.
El consejero subrayó además que el proyecto no supondrá coste alguno para las arcas públicas. “Ni un solo euro del presupuesto de la Ciudad. Todo lo invertirá el concesionario. Y los beneficios serán muchos: alojamiento para estudiantes, atracción de jóvenes desde la península, dinamización económica, generación de empleo directo e indirecto…”, enumeró.
A pesar de las discrepancias, la propuesta logró el respaldo necesario para salir adelante. CPM optó por abstenerse, lo que Bussian justificó por la necesidad de “no frenar” un proyecto beneficioso, aunque expresó dudas sobre su ejecución futura. El PSOE, en cambio, se mantuvo firme en el rechazo y alertó sobre las “consecuencias de ceder patrimonio público sin garantías”.
Con esta aprobación definitiva del estudio de viabilidad, el Gobierno de Melilla podrá ahora iniciar el proceso de licitación para adjudicar a una empresa privada la construcción y posterior gestión del complejo. El objetivo, según indicó Marín, es que la residencia esté operativa “lo antes posible”, una vez superadas las fases técnicas y administrativas correspondientes.
