El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el dictamen correspondiente al proyecto de ley por el que se modifica la regulación del juego para ampliar la protección a los usuarios ante prácticas de riesgo, fortalecer el control ante posibles fraudes y reforzar la cooperación entre comunidades.
Entre otras medidas, el texto aprobado, que actualiza la ley de regulación del juego de mayo de 2011, mejora la protección de los usuarios, principalmente de los menores o personas con problemas y adicciones y establece órganos reguladores como la Comisión Nacional del Juego, que se encargará de la supervisión.
Además, crea un servicio de investigación global del mercado de apuestas, gestionado por la Dirección General de Ordenación del Juego, que tiene como fin la prevención y lucha contra el fraude en el mercado de las apuestas deportivas y la manipulación de las competiciones.
El dictamen, al que se han rechazado las enmiendas presentadas, ha sido respaldado por los votos de 200 parlamentarios en una votación en la que se han registrado 148 abstenciones y ningún voto en contra.
En el debate del dictamen, la diputada del PP Elena Castillo ha tildado la modificación de la ley de "chapuza legislativa" si bien ha mostrado su apoyo a reforzar las funciones de la Dirección General de Ordenación del Juego y las medidas sobre juego seguro y responsable dirigidas a jugadores de riesgo.
También ha apostado por dotar de rango de ley las funciones de prevención y lucha contra el fraude.
La diputada popular ha lamentado que al Gobierno "no le preocupe la prevención de la ludopatía o el control del juego ilegal" y ha acusado al Ejecutivo de destinar en 2022 un total de 55 millones de euros para la promoción del juego y solo dos millones para prevenir el juego problemático.
Castillo ha reprochado al Gobierno que el juego privado "limite su actividad de publicidad en aras de esa prevención" mientras que el juego público cuente con canales de difusión como redes sociales "sin regirse por los mismos principios" por lo que ha pedido apoyo para fijar criterios homogéneos con las comunidades autónomas para la efectiva prevención y defensa de los consumidores.
Mientras, el diputado de Vox Andrés Rodríguez ha lamentado el "atropello institucional" que supone la ausencia de debate en la tramitación de la iniciativa.
La formación de Abascal ha acusado a PSOE y Unidas Podemos de "hurtar el debate en la Cámara" y limitarlo a la ponencia sobre la reforma del ley de juego, aprobada en la Comisión de Sanidad del Congreso el pasado 27 de junio.
Por su parte, el diputado socialista Daniel Viondi ha dicho a Vox que su formación ha presentado "cero enmiendas" a la reforma de la ley y le ha preguntado si eso se debe a "insolvencia o vagancia".
Viondi también se ha dirigido al PP a quien ha recordado que mientras estuvo en el Gobierno el juego online creció "enormemente" y "hubo una ley de la selva".
Y en esa "ley de la selva" ha acusado a los populares de no haber adoptado "ni una sola medida para controlar el juego online ni el juego presencial".
En ese escenario, el diputado socialista ha defendido la reforma para desarrollar "un marco estable y seguro en el juego online", un compromiso, ha dicho, del gobierno de coalición.
Por su parte, la diputada de ERC Marta Rosique ha expresado su voto a favor pero ha lamentado que la reforma de la ley haya desaprovechado la oportunidad de eliminar los "privilegios" del sector del juego y el Gobierno "no se haya atrevido" a incorporar un régimen específico de tributación en Ceuta y Melilla, donde seguirá habiendo "un paraíso fiscal".
Además, ha pedido que se pongan fin a la rebaja que hizo el PP del impuesto el juego, que cuando se apruebe la ley seguirá siendo del 20%. "Hay que subirlo al 30%", ha señalado.
