Aprobada la expropiación parcial de un solar en la Carretera de Hidúm para construir un centro cívico

La Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla ha aprobado este lunes, con 13 votos a favor, la desestimación de las alegaciones presentadas y la aprobación definitiva de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa de un solar situado en la Carretera de Hidúm. El objetivo de esta actuación es destinar 1.590 metros cuadrados de una parcela de 2.500 metros a la construcción de un futuro centro cívico para el barrio de La Cañada.

El punto, debatido en el Pleno de la Asamblea, generó un intenso cruce de acusaciones entre el Gobierno local y los grupos de la oposición. Mientras el Ejecutivo defendió la legalidad y solidez técnica del expediente, CpM, PSOE y el Grupo Mixto-Somos Melilla pusieron en duda la integridad documental del procedimiento, la existencia de un contrato de arrendamiento hasta 2030 y la prioridad real de la infraestructura frente a otras necesidades del barrio.

Un “expediente incompleto” y un “acto de fe”

El diputado de Coalición por Melilla (CpM), Rachid Bussian, fue especialmente crítico con el contenido del expediente. Según expuso, si se realiza “una valoración técnica” del documento que se pretendía aprobar, este presenta carencias sustanciales.

“Debemos advertir que está incompleto. Ya avisamos en el seno de la correspondiente Comisión de Fomento que la desestimación de las alegaciones presentadas por parte de propietarios del terreno que se quiere expropiar, así como la aprobación definitiva de los bienes y derechos, era todo un acto de fe, señor consejero”, afirmó.

Bussian insistió en que uno de los aspectos más preocupantes es la referencia a un supuesto contrato de arrendamiento hasta el año 2030, vinculado a una explotación económica y comercial del terreno, sin que conste en el expediente un documento que lo avale. “Habla de una explotación económica hasta el año 2030, pero no hay un documento que avale ese derecho”, señaló.

El diputado cuestionó igualmente la existencia de una negociación real con el propietario. Según indicó, no se ha fijado un precio definitivo, aunque sí existe un anteproyecto técnico que valora la finca en unos 800.000 euros. “Usted ha afirmado que, a pesar de esa valoración por el técnico, está seguro de que el propietario le va a pedir menos de 800.000 euros. Mal negocio”, reprochó.

Además, advirtió de las posibles consecuencias si el asunto llega al Jurado Provincial de Expropiación. “Si el jurado aprecia que falta ese documento, ¿va a valorar esos bienes y derechos? Estoy seguro que no”, manifestó, anticipando un posible retraso de meses en el procedimiento.

Un expediente “embrionario”

En una línea similar se pronunció el diputado socialista Riduan Moh, quien aseguró que, aunque su grupo avala la necesidad del centro cívico, el expediente “arroja más sombras que luces”.

“Falta documentación, falta ese contrato de arrendamiento con ese tercero hasta 2030. Aparece ese informe de valoración de 800.000 euros. Se habla de un informe de la Guardia Civil verbal que no se sabe absolutamente nada”, afirmó.

Para Moh, el procedimiento se encuentra en un “estado completamente embrionario” y resulta llamativa la seguridad con la que el Gobierno ha defendido que el proyecto verá la luz durante esta legislatura. “Parece ser que no y evidentemente tienen toda la seguridad de que va a ser un expediente que va a llegar a un nivel judicial”, apuntó.

El socialista también mostró su desacuerdo con la desestimación de las alegaciones presentadas por el propietario y reiteró que el proceso está aún en una fase muy primitiva para presentarlo como uno de los grandes proyectos del mandato.

La prioridad de la inversión

Desde el Grupo Mixto-Somos Melilla, el diputado Amín Azmani centró su intervención en la oportunidad política y social del proyecto. A su juicio, tras tres años de legislatura, la iniciativa llega tarde y no responde a las necesidades más urgentes del barrio.

“El Gobierno pretende destinar en torno a 6 millones de euros a la construcción de un centro cívico en un barrio que lleva años de abandono estructural e institucional. ¿Esta es la verdadera necesidad?”, planteó.

Azmani enumeró carencias como el deterioro de carreteras, la falta de alumbrado público, instalaciones deportivas y parques abandonados o ludotecas en mal estado. “Invertir 6 millones de euros en un centro cívico cuando lo básico está sin cubrir no es progreso ni un avance. Es un maquillaje”, sostuvo.

El diputado invitó al consejero a recorrer el barrio y preguntar directamente a los vecinos si la prioridad es la construcción de un nuevo edificio o la mejora de los servicios básicos. “La calidad de vida de los vecinos no es esta”, sentenció.

La legalidad del procedimiento

El consejero de Fomento, Miguel Marín, respondió uno por uno a los grupos de la oposición, negando que el expediente esté incompleto y asegurando que ha sido supervisado por los técnicos competentes.

“Eso no es cierto, señor Bussian. El expediente está totalmente completo, supervisado por todos los técnicos y avalado por el propio director que ha impulsado en primera persona este expediente de expropiación”, afirmó.

Respecto al contrato de arrendamiento, Marín aclaró que se trata de una cuestión entre arrendador y arrendatario y que, en ningún caso, afecta directamente a la Administración. “Será el propietario el que deba indemnizar al arrendatario si se demuestra que existe ese derecho. No la Administración. La Administración va a pagar lo que corresponda”, explicó.

En cuanto al precio, aseguró que el propietario ya ha solicitado una cantidad superior a la valoración técnica de 800.000 euros. Si no hay acuerdo, será el Jurado de Expropiación el que determine el justiprecio. “No será ni el propietario ni la Administración quien fije el valor, sino un órgano imparcial”, subrayó.

Expropiación parcial y declaración de utilidad pública

Marín recordó que lo aprobado en el Pleno incluye la declaración de utilidad pública e interés social del terreno, así como la expropiación parcial de 1.590 metros cuadrados, frente a los 2.500 que posee la parcela completa.

“El propietario pretendía que le expropiáramos el terreno completo, pero solo hace falta esa parte para la construcción del centro cívico”, detalló.

El consejero defendió que el proyecto es compatible con actuaciones a corto plazo en el barrio, como la reposición de luminarias, la mejora de calzadas, la retirada de vehículos abandonados y la adecuación de parques infantiles.

“Se están haciendo muchísimas actuaciones y parece que a ustedes les molesta que el Gobierno intervenga en ese barrio”, reprochó a la oposición.

Tras el debate, el punto quedó aprobado con 13 votos a favor, permitiendo así que el procedimiento de expropiación continúe su tramitación.