Este pasado diecisiete de julio se cumplió el ochenta y seis aniversario del inicio de la última de las guerras civiles españolas.
Organizada una sublevación militar contra el Estado republicano por mandos militares de los cuerpos del ejército colonial en Marruecos, alentada por los sectores mas reaccionarios del país, pagada por las grandes familias financieras de España, que aún se lo están cobrando, y apoyada internacionalmente por el eje nazi-fascista, la resistencia de la mayoría del pueblo español hizo que lo que estaba concebido como un rápido golpe de Estado se convirtiera en una larga guerra civil, que duró tres años.
El fin de la guerra fue el principio de una de las etapas más negras de la Historia de España, pues provocó el éxodo de cientos de miles de españoles, entre los que se encontraba la flor y nata de la intelectualidad y la cultura; también se abrieron las fosas comunes para miles de asesinados de los cuales, aún hoy, más de cien mil no han recibido una sepultura digna, algo que en todo el planeta sólo ocurre en España y en Camboya.
El régimen político que ocupó este período de treinta y ocho años se caracterizó por la persecución de las minorías religiosas, la oposición política, la cultura libre, la homosexualidad, y de todos aquellos no adictos a un Régimen que tenía “por destino lo universal”, y cuyo líder sólo respondía “ante Dios y ante la Historia”. También se caracterizó por la discriminación de la mujer, que era adoctrinada desde la infancia para servir al hombre.
Tuvieron que transcurrir ochenta y seis años para que un parlamento democrático español apruebe una Ley, que repare en gran medida el daño causado por este Régimen.
Todas las normas españolas a partir de ahora habrán de interpretarse y aplicarse de conformidad con el Derecho internacional, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no pueden ser objeto de amnistía, algo que hasta ahora resultaba imposible, quedando impunes estos gravísimos delitos cometidos por el Régimen anterior.
Esta Norma declara ilegal el Régimen surgido del golpe de Estado, y reconoce el valor de las luchas de los movimientos sociales antifranquistas para la proclamación del actual Estado Social y Democrático de Derecho.
Consecuente con lo anterior se reconoce la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas constituidos a partir del 18 de julio de 1936, así como la nulidad de todas sus resoluciones y condenas; lo que permite el resarcimiento a las víctimas de los bienes incautados y las sanciones económicas acordadas judicialmente por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra y la dictadura.
Acuerda extender el límite temporal de aplicación de la ley hasta finales de 1983, así como la creación de una comisión independiente, con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, violaciones que también se dieron, afortunadamente en menor medida, durante la transición política.
El Estado habrá de realizar una evaluación exhaustiva y profunda de la represión y persecución cultural y lingüística del franquismo; considerándose víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos, cuyos hablantes fueron perseguidos por hacer uso de estas.
Se restituirá a los partidos políticos y organizaciones sindicales documentos, enseñas, emblemas y banderas. También, se permitirá que las personas físicas tengan acceso a fondos documentales, que hasta ahora resultaba imposible examinar.
Esta Ley es una buena noticia para normalizar la realidad democrática española, conociendo y resarciendo tanto daño causado.
