El informe anual llama “eufemismo” a las devoluciones en caliente porque son expulsiones ilegales
El último informe anual de Amnistía Internacional considera que en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta se ha agravado la violación de derechos humanos. La ONG critica las denominadas ‘devoluciones en caliente’, expresión que considera un “eufemismo” para suavizar la repercusión mediática de las “expulsiones ilegales” que sufren los migrantes en la frontera con Marruecos. Además, en su documento reitera que el sistema de recepción de solicitantes de asilo sigue siendo inadecuado, ya que el número de plazas disponibles en los centros oficiales de acogida es “excesivamente bajo” en comparación al número de personas alojadas. De hecho, la capacidad del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla es de 1.200 personas y prácticamente roza el lleno. Para evitar el hacinamiento de los internos en las instalaciones se ha agilizado la política de traslados hacia la península y se ha reducido el tiempo a una semana. Así, la estancia media de un residente en el CETI de nuestra ciudad era de 11,2 meses en 2010, mientras que se redujo a los 2,7 meses el pasado año, según datos del Gobierno central. Sin embargo, el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, recuerda los distintos tipos de vulneraciones de los derechos básicos que se producen en los CETI de Melilla y Ceuta, centros de acogida que considera que tienen “su propia dinámica de la violación de los derechos humanos”. Bertrán denuncia la dificultad que tienen los migrantes para solicitar asilo si no son sirios y critica la restricción de libre circulación que padecen al llegar a la frontera española. También carga contra las devoluciones en caliente y la expulsión de personas con heridas leves tras intentar saltar la valla. Por ello, la organización concluye que ambas ciudades autónomas “son un lugar particular de España donde la violación de derechos humanos está más agravada” e insta a suspender los acuerdos de cooperación entre España y Marruecos “hasta que no haya respeto en el trato de inmigrantes y refugiados”.
Piden un proceso acelerado de readmisión
La Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc) ha solicitado al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a convocar una reunión de comité mixto hispano-marroquí para incluir un procedimiento acelerado en el acuerdo de readmisión de inmigrantes irregulares. Agilizar este proceso implicaría la reducción del tiempo que pasan los migrantes en los centros de acogida y aceleraría las gestiones pertinentes para que Marruecos se hiciera cargo de ellos. El principal objetivo de este proceso es devolver “la normalidad a las fronteras españolas y la dignidad a los guardias civiles” y cortaría “de una vez el efecto llamada que tantas muertes está causando”. Sin embargo, este procedimiento presenta una particularidad y es que debe garantizar que las personas interceptadas en las vallas de Melilla y Ceuta tratando de entrar ilegalmente “reciban asistencia letrada y médica” y se estudien los casos de peticiones de asilo. Esta condición supone la necesidad de contar con personal sanitario, jurídico y administrativo específico para hacerse cargo de las necesidades inmediatas de los solicitantes de asilo irregulares. Una vez se realicen esas asistencias, las personas interceptadas serán puestas en la frontera, según señala Aprogc en un comunicado, aunque otras se mantendrían en el CETI de acuerdo a su expediente y circunstancias. La asociación considera que con la implicación de Marruecos en el proceso acelerado de readmisión, “sería posible que los políticos españoles unificasen criterios en torno a la firma de un pacto de Estado sobre inmigración”. Además, la aplicación del acuerdo de readmisión tan “solo perjudicaría a las mafias que se lucran con el drama de las inmigrantes”, reduciendo así el tráfico y la trata de personas, especialmente las procedente del África subsahariana. Por otro lado, este nuevo procedimiento acelerado también evitaría que la actuación de los cuerpos de seguridad como los guardias civiles fuese “cuestionada sistemáticamente”, remarca Aprogc.
Reclaman un nuevo Plan de Derechos Humanos
El I Plan de Derechos Humanos caducó en 2012 y desde entonces no se ha editado ninguna actualización. No obstante, el Congreso de los Diputados aprobó el martes pasado por unanimidad una Proposición No de Ley para instar al Gobierno a renovar la primera versión del documento, elaborada en 2008. La PNL salió adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios (a excepción de una abstención) para conseguir el compromiso del Gobierno. Este plan representa un marco de actuación contra la vulneración de los derechos humanos y trata de impulsar medidas para garantizar la igualdad de trato, integración y lucha contra el racismo y la xenofobia. Asimismo, este texto define las acciones necesarias para asegurar el derecho de asilo y respetar el principio de no devolución de refugiados, puntos clave en las políticas y medidas aplicadas en los CETI de Melilla y Ceuta. El II Plan de Derechos Humanos corregiría las debilidades de su precedente y estudiaría cómo aplicar políticas concretas para remediarlas.