Con motivo del primer pleno en el Congreso después de que se cumpliese un mes desde el inicio del estado de alarma en España como consecuencia de la pandemia de coronavirus, Amnistía Internacional publicó un comunidado en el que señalaba cuatro áreas de atención que el Gobierno debe tener en cuenta en estos momentos para poder superar esta crisis ocupándose de todas las personas: el refuerzo en la protección del personal sanitario; la situación en la que se encuentran las personas migrantes y refugiadas, especialmente las que están en el CETI hacinado de Melilla y las que necesitan asistencia letrada, que en estos momentos puede verse mermada; las garantías de seguridad para mujeres víctimas de violencia de género; y la certeza de que las medidas sobre vigilancia que se aprueben sean usadas con el único fin de vencer a esta pandemia.
“Si algo ha dejado claro esta crisis es que el trabajo colectivo de todas las personas es fundamental. No nos podemos permitir olvidarnos de nadie durante esta pandemia, ni mucho menos de quienes corren mayores riesgos económicos o sociales como consecuencia del coronavirus”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Además, “la realidad es que ni siquiera la pandemia y el cierre de fronteras pueden frenar el que miles de personas sigan huyendo de sus países y de violaciones de derechos humanos. La falta de rutas legales y seguras provoca que muchas personas arriesguen sus vidas con rutas más largas y más peligrosas. Y, cuando consiguen llegar, tienen que enfrentarse a condiciones duras, como lo hemos denunciado en el CETI de Melilla, ahora mismo hacinado y sin las condiciones necesarias para garantizar las salud de las personas que están en él”, declaró Virginia Álvarez, responsable de Política Interior en Amnistía Internacional España.
La organización valora las medidas de higiene y protección que se han tomado con los y las profesionales del CETI, pero lamenta que los y las residentes del centro puedan no estar teniendo acceso a esos mismos materiales y a las medidas de distanciamiento necesarias en un espacio que se encuentra ahora mismo lleno con el doble de personas de su capacidad. Un total de 1.655 personas se encuentran en un centro que normalmente tiene una capacidad para 580 personas, aunque ahora Interior asegura que tras los últimos acontecimientos las plazas se han ampliado mediante la instalación de unas carpas hasta llegar a una capacidad de 782. Por eso, Amnistía Internacional lleva varias semanas pidiendo que se agilicen los traslados a la península. Además, a la organización también le preocupa que el protocolo de actuación para prepararse ante la situación generada por la COVID-19 no se haya validado aún con las autoridades sanitarias estatales.
“Nos preocupa que, debido a las medidas de confinamiento que implican un menor número de abogados disponibles, las personas migrantes y refugiadas puedan estar teniendo un menor acceso a una asistencia letrada a la que tienen derecho”, lamentó Álvarez.
Respecto a la violencia contra la mujer, Amnistía Internacional señala que “es urgente que se dé información más detallada sobre el funcionamiento del Plan de Contingencia contra la Violencia de Género ante la Crisis de la COVID-19, así como de la coordinación entre las distintas administraciones públicas y las medidas que efectivamente se están adoptando para garantizar tanto la seguridad como la adecuada atención de las mujeres y sus hijos e hijas”.
Por otro lado, y tras los anuncios del Gobierno español sobre la posibilidad de usar aplicaciones tecnológicas a través de los teléfonos móviles para hacer seguimiento de las personas afectadas por el coronavirus, AI advierte de que la recopilación y el uso de datos personales durante la pandemia “deben utilizarse con el único fin de responder y vencer a esta crisis”.
"La tecnología puede y debe desempeñar importantes funciones para salvar vidas y contener la pandemia, además de ayudar a difundir mensajes de salud pública o aumentar el acceso a los servicios de salud. Pero todas las medidas de seguimiento o vigilancia que se adopten deben ser establecidas previamente por ley, estar sometidas a mecanismos externos de supervisión independientes y al control judicial, y deben ser necesarias, proporcionales y justificadas para objetivos legítimos de salud pública", indica Virginia Álvarez.
Por último, una de las preocupaciones de la ONG “es la situación en la que se encuentra el personal sanitario, con más de 25.000 contagiados y 31 fallecidos. Un mes después de la declaración del estado de alarma, las y los profesionales de la salud siguen sin contar con materiales de protección en cantidad y calidad suficiente. Todas las personas del sector sanitario que trabajen en hospitales, centros médicos, centros socio-sanitarios, residencias de mayores u hoteles medicalizados necesitan protección”. “Nos preocupa que, por ejemplo, los y las médicos de atención primaria están realizando visitas a domicilios, que son zonas de alta contagiosidad, sin materiales adecuados que los protejan”, denuncia Esteban Beltrán.
