“Orden, legalidad y humanidad. Eso es lo que necesita la inmigración en España”. Con estas palabras, Sofía Acedo ha exigido esta mañana al Gobierno central un cambio de rumbo en materia migratoria. Lo ha hecho durante la sesión plenaria celebrada en el Congreso de los Diputados. En su intervención, la portavoz de inmigración del Grupo Parlamentario Popular (GPP) le ha preguntado al ministro de Política Territorial si cree que su Ejecutivo está siendo justo con las comunidades autónomas.
La parlamentaria nacional ha sido especialmente crítica con Miguel Ángel Víctor , al que le ha dejado claro que su ley ad hoc para beneficiar a los separatistas “no solo no responde a ninguna solidaridad ni humanidad, sino que rezuma racismo”. “Racismo por utilizar a los inmigrantes como su nueva moneda de cambio del mercado persa para sostener la supervivencia de su Gobierno”, sentencia.
La dirigente popular ha defendido el retorno concertado a los países de origen de aquellos migrantes que llegan y están irregularmente en España, siempre “con todas las garantías jurídicas y de protección”. Remarca que este mecanismo constituye uno de los elementos esenciales de cualquier política migratoria seria y sostiene que lo que está haciendo el Gobierno central es “dar carta de naturaleza a las vías irregulares e incentivarlas” al trasladar la presión migratoria a las comunidades autónomas “de una manera arbitraria, sin financiación y sin garantías reales de protección”. “¿Cree que es justo su modelo?”, incide.
La diputada también le ha recordado al ministro que determinados territorios llevan años reclamando al Gobierno de la Nación la declaración de emergencia migratoria, una demanda que el Gobierno ha rechazado.“¿De verdad les sorprende que Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla la hayan solicitado? Bienvenido al mundo real, señor Torres”, ha ironizado.
Acedo critica que la inmigración esté “descontrolada” y que el Gobierno sanchista abogue por un Real Decreto (RD) que tiende a la deslealtad y a la opacidad. “Once comunidades recurriendo al Tribunal Constitucional para defender su autonomía frente al abuso de su Ejecutivo”.
“Se desentienden de los inmigrantes a la vez que niegan a las comunidades información sobre su edad, nacionalidad, historial médico o penal. Mayores de edad haciéndose pasar por menores. Su Gobierno consciente, en vez de combatirlo, lo promueve eliminando esta exigencia para su traslado. Un caos absoluto. Pero deliberado”, sentencia la parlamentaria.
Para finalizar, ha acusado al Gobierno central de ser el último eslabón de las mafias que trafican con inmigrantes y de haber renunciado al retorno concertado con Marruecos, “país seguro para los negocios de muchos socialistas, pero muy peligroso para devolverle a sus nacionales”, pone el acento. “Señor ministro, orden, legalidad y humanidad. Eso es lo que necesita la inmigración en España. Ese es nuestro plan”, concluye.
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