La diputada del Partido Popular por Melilla y coordinadora regional, Sofía Acedo, ha expresado su rechazo a la cesión de las competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña, calificando la situación como una “vergüenza”. Sus declaraciones se produjeron en el marco de la manifestación convocada en la puerta del Congreso de los Diputados por sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil, que protestaron contra el acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts per Catalunya.
Durante su intervención, Acedo subrayó que el pacto entre el Partido Socialista y el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, responde a una estrategia política para mantenerse en el poder, afirmando que "por siete votos, Sánchez vuelve a vender al Estado y la dignidad de todos los españoles". La diputada del PP insistió en que la inmigración, la extranjería y el control de fronteras son competencias exclusivas del Estado, por lo que su cesión es, en su opinión, "inconstitucional e ilegal".
"Las competencias migratorias son indelegables, son intransferibles, porque por su naturaleza son inherentes a la soberanía de nuestro país, a su integridad territorial", afirmó Acedo. En este sentido, alertó sobre el peligro de que el Gobierno central continúe retirando la presencia del Estado en Cataluña, acusando a Sánchez de participar en una "ensoñación separatista" al conceder cada vez más atribuciones a la Generalitat.
Manifestación en Madrid
Las declaraciones de Acedo coincidieron con la protesta organizada por los principales sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil, que mostraron su rechazo a la cesión de competencias en inmigración a la Generalitat. La concentración contó con la presencia de líderes del Partido Popular, incluido su presidente, Alberto Núñez Feijóo, quien expresó su apoyo a los cuerpos de seguridad del Estado.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha manifestado su intención de llevar al Gobierno a los tribunales por esta decisión, argumentando que vulnera la Constitución y pone en riesgo la seguridad y el control migratorio. Según informaciones publicadas por El Faro de Melilla, el SUP considera que esta cesión implica la fragmentación del control de fronteras y el debilitamiento de la autoridad del Estado en Cataluña.
Por su parte, Feijóo respaldó las protestas de los agentes y reafirmó que, en caso de llegar al Gobierno, el Partido Popular revocará cualquier acuerdo que otorgue competencias migratorias a la Generalitat. “El PP no permitirá que se transfieran estas atribuciones, porque la inmigración es un asunto de Estado y no puede depender de decisiones autonómicas”, aseguró el líder de la oposición.
Reacciones políticas y legales
El acuerdo entre el PSOE y Junts ha generado una fuerte controversia en el ámbito político y jurídico. Desde el Gobierno, se defiende la medida como una forma de avanzar en la descentralización y mejorar la gestión de la inmigración en Cataluña. No obstante, el Partido Popular y otras formaciones de la oposición han advertido que recurrirán la decisión ante el Tribunal Constitucional.
En el ámbito judicial, la posibilidad de llevar el caso a los tribunales ha sido planteada por el SUP, que considera que esta cesión podría contravenir el marco legal vigente. Además, diversas voces dentro del ámbito de la seguridad han manifestado su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad.
La postura del PP
Desde el Partido Popular, se insiste en que el acuerdo responde únicamente a la necesidad del Gobierno de Sánchez de mantenerse en el poder con el apoyo de Junts. “El PSOE ha perdido toda la dignidad por siete votos y quiere hacérnosla perder a todos los españoles”, denunció Acedo, reafirmando la postura de su partido de defender la unidad del Estado y la competencia exclusiva del Gobierno central en materia de inmigración.
El PP ha anunciado que utilizará “todos los resortes legales” para frenar esta cesión de competencias y ha asegurado que, si regresa al Ejecutivo, revocará cualquier traspaso aprobado en este sentido. Mientras tanto, la tensión política y social sigue en aumento, con manifestaciones y acciones legales que podrían marcar un nuevo capítulo en el debate sobre la descentralización de competencias en España.
La polémica sigue abierta y el desenlace dependerá de los próximos movimientos tanto del Gobierno como de la oposición y los cuerpos de seguridad del Estado, que continúan mostrando su rechazo a la medida.