El estatus de Melilla como Ciudad Autónoma ha provocado más de un quebradero de cabeza en la administración local. Al ser considerada como un ayuntamiento para ciertas competencias y comunidad autónoma para otras, se suelen dar ciertas lagunas legales y, en ciertas áreas, se corre el riesgo de que Melilla no pueda realizar gestión alguna. La nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local servirá para poner punto y final a muchos de estos problemas, según afirmó en la jornada de ayer a El Faro Antonio Gutiérrez, diputado en las Cortes por Melilla.
El Grupo Popular presentó una enmienda a esta ley para “blindar” las competencias de la ciudad y dotarla de mayor capacidad en otras. En resumidas cuentas, se trata de acercar a Melilla al estado de autonomía y alejarla del de municipio.
La enmienda, ya aceptada, recoge las aspiraciones del Gobierno local en este terreno, según subrayó Gutiérrez. “Se ha llevado a cabo un trabajo muy intenso para respaldar la aspiraciones de la ciudad”, resaltó el diputado.
Gutiérrez destacó que Melilla ganará en competencias a la hora de manejar servicios públicos, medidas de transparencia o gestión, entre otras cuestiones.
Por otro lado, el diputado destacó la defensa que ha realizado el Grupo Popular de Melilla durante el debate de dicha Ley. El Grupo Mixto presentó varias enmiendas en las que hacía referencia a materias relacionadas con las ciudades autónomas, a los que los populares respondieron por escrito recordando las peculiaridades económicas, geográficas y sociales de Melilla y Ceuta.
Llenando huecos
Entre las lagunas existentes por el estatus de Melilla como Ciudad Autónoma, hay que recordar su incapacidad para la redacción de ciertos reglamentos, como ocurrió con el de la Policía Local. De hecho, en el año 2012 la Justicia determinó que los agentes de Movilidad y Medio Ambiente eran ilegales, al considerar que Melilla era un ayuntamiento para este tipo de cuestiones y, por lo tanto, no tenía competencias en dicho terreno.
