El letrado asegura que no entienden que su cliente no recibiera ninguna notificación previa al derribo.
Uno de los abogados de la defensa de Hassan Amar, propietario del inmueble número 12 de la calle Vista Hermosa, que tendría que haber sido derribado ayer, aseguró que el aplazamiento del derribo de la casa supone que se ha impuesto “la justicia y el sentido común”. El letrado Mohamed Bussian insistió en que la sentencia del derribo ha estado rodeada por “extrañas circunstancias” y que su cliente no ha tenido la oportunidad de personarse para defenderse en ninguno de los juicios.
Bussian insistió en que Hassan Amar nunca recibió una notificación previa a la del derribo y señaló que es inexplicable que no lo localizaran puesto que el hombre estaba en prisión. El abogado insistió en que la vivienda aparece en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), tanto en el que está en vigor como en el nuevo, que está pendiente de aprobarse en los próximos meses, y que cuenta con licencia de obras. “Es una vivienda legal y por tanto no se puede entender que quisieran derribarla”.
El abogado apuntó que parece que finalmente en este caso se ha “impuesto la cordura” y recordó que los grupos políticos con representación en la Asamblea pidieron la paralización del derribo. Además aseguró que a partir del 1 de septiembre tienen previsto acudir a los tribunales y tratar de evitar la demolición.
El abogado señaló que se ha producido un gran “embrollo” judicial que ha provocado el sufrimiento de una familia y que esperan que finalmente pueda solucionarse en los tribunales. Bussian apuntó que es posible que el juez que ha decretado la orden de demolición lo haya hecho sin conocer todos los detalles del caso, algo que según el letrado se justifica en la no comparecencia de su cliente en el proceso.
Los hechos paso a paso
Hay que recordar que Hassan Amar ha asegurado en todo momento que él nunca recibió ningún tipo de notificación sobre el proceso judicial en el que estaba inmersa su vivienda, a pesar de que el inicio de la disputa se remonta a los años 90. En concreto, en 1996 se registró la primera denuncia por una obra ilegal y un año más tarde la segunda. En 1999 los vecinos vuelven a quejarse ante la Ciudad por el cerramiento del callejón. La Comisión de Obras Públicas acuerda entonces por unanimidad la demolición de las obras y la vivienda que corta el acceso al callejón, algo que nunca llegó a llevarse a efecto.
Cuatro años más tarde, un vecino pidió que se ejecutara el acuerdo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condena a la demolición de las obras. En febrero de este año el mismo tribunal vuelve a pedir el cumplimiento de la sentencia y el 5 de agosto de este mes la Ciudad recibe la diligencia de ordenación del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Melilla rechazando el aplazamiento de la demolición.
La orden de derribo que tendría que haberse hecho efectiva ayer se basa por tanto en que la casa de Amar está ocupando parte de un callejón y que provoca daños en otras viviendas colindantes. La vecina que denunció los hechos, que vive en la vivienda que queda pared con pared con la de Hassan Amar, asegura, según ha podido saber El Faro, que cada vez que llueve se producen inundaciones en el callejón trasero de su casa, taponado por el inmueble de Hassan Amar y que el agua entra en su domicilio y produce daños en su hogar.
