El secretario general de Andalucía Acoge, Mikel Araguás, aseguró que es “un sinsentido” que los inmigrantes ilegales tengan que pagar 60 o 157 euros para recibir asistencia sanitaria. Criticó la medida que aprobó el Ministerio de Sanidad el pasado sábado y que ofrece a los irregulares la firma de un convenio con la sanidad pública para que puedan ser atendidos en los centros de salud y hospitales. Afirmó que “nos guste o no, los inmigrantes ilegales se ponen enfermos. ¿Qué pasará con estas personas que viven con nosotros cuando tengan una enfermedad?”.
Araguás destacó a El Faro que esta medida no soluciona ninguno de los problemas que surgen al excluir a los ‘irregulares’ de la asistencia sanitaria gratuita. Explicó que esta política se incluía el pasado año en el Real Decreto de Reforma de la Sanidad, pero apuntó que el Ministerio ha tardado un año en marcar el precio que deben pagar los inmigrantes sin papeles para ser asistidos.
El secretario general de Andalucía Acoge indicó que en un año desde la aprobación de ese real decreto “han pasado muchas cosas”, como “la desobediencia” de muchas regiones que siguen ofreciendo atención sanitaria a los inmigrantes ilegales porque aseguran que se trata de una competencia de las autonomías y no del Estado. Éste es el caso de Andalucía, País Vasco, Asturias, Canarias o Cataluña.
Araguás aseguró que esta “desobediencia” es una prueba clara de que esta medida no es consensuada por todas las comunidades. Además, señaló el gran número de asociaciones de sanitarios y otros profesionales, como los abogados, que están en contra de esta política.
El secretario general de Andalucía Acoge resaltó que con este tipo de medidas se está señalando a los inmigrantes ilegales como los culpables de esta crisis y de los numerosos recortes que se están produciendo en el sistema de salud.
Araguás aseguró que los ‘ilegales’ no son los responsables de la reducción de los servicios sanitarios de los últimos meses. Apuntó que en realidad este colectivo sufre mucho más que otros la crisis económica.
No se lo pueden permitir
“¿Quién puede pagar 60 euros al mes para recibir una asistencia sanitaria?”, pregunta el secretario de Andalucía Acoge. Explicó que precisamente el colectivo de inmigrantes ilegales es de los que menos recursos económicos tiene en la actualidad. Afirmó que es complicado que una persona pueda pagar 60 euros o si tiene más de 65 años que pueda contar al mes con 157 euros para pagar la sanidad pública.
Araguás indicó que no saben el número de inmigrantes ilegales que hay en España y que se quedan sin atención sanitaria. No obstante, aseguró que en ningún caso es tan alto como para culpabilizarlos por la crisis económica. Destacó que es un colectivo “perfectamente asumible” por el sistema.
Señaló que el informe del Tribunal de Cuentas en el que se basaba esta decisión política de restringir la asistencia sanitaria a los inmigrantes hacía referencia al turismo sanitario. Araguás apuntó que esta práctica es de europeos, no de personas que buscan a un trabajo en España y que no tienen una situación administrativa adecuada.
Por otro lado, señaló que es una incongruencia que en Melilla no se ofrezca atención sanitaria a los inmigrantes ilegales que están en la calle y sí a los que residen en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Afirmó que lo correcto es que todas estas personas puedan recibir asistencia médica.
No hay motivos económicos para hacer este recorte, resaltó Araguás añadiendo que no se ha aportado ninguna cifra del ahorro que supone al Estado esta política. Aseveró que al menos por motivos de salud pública se debería atender a estas personas.
Mejorar
La sanidad. El secretario general de Andalucía Acoge asegura que se debe ofrecer atención sanitaria gratuita a los inmigrantes ilegales por motivos de salud pública. Señala que debe haber un control de las enfermedades como lo hay en el resto de la sociedad.
Menor
Coste. Esta normativa permite la atención de los ‘irregulares’ en urgencias. Araguás destaca que las asociaciones médicas aseguran que es más económico atender a una persona en una consulta del médico de cabecera que en una sala de urgencias. Por eso, aseveró que esta medida más que un ahorro para el sistema puede ser aún más costosa. Además, resalta que las urgencias de todas las comunidades están muy saturadas y esta política no ayuda a que mejoren.
