La Seguridad Social paga cada mes el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a casi 15.000 personas en Melilla sin haber comprobado nunca cuántas de ellas cruzan a diario la frontera para trabajar en Marruecos. Según ha podido saber El Faro, el organismo no ha cruzado hasta ahora el listado de perceptores de la prestación con los registros de quienes salen y entran por Beni Enzar precisamente en el horario de la jornada laboral de la función pública marroquí, a pesar de las alertas que se han producido.
Esos datos existen y están a disposición del Estado. Los tiene la Policía Nacional, responsable del control fronterizo en el paso de Beni Enzar, que registra cada día las entradas y salidas de personas entre Melilla y Nador. Pero, según fuentes consultadas por este diario, esa información nunca se ha puesto en relación con la base de datos de beneficiarios del IMV porque la Seguridad Social jamás lo ha solicitado ni, según nuestras fuentes, tampoco piensa pedirlo.
La ausencia de ese control ha encendido las alarmas en ciertos sectores de la función pública española. Las mismas fuentes apuntan a la posibilidad de que varios cientos de perceptores de la prestación en Melilla sean, en realidad, funcionarios del régimen marroquí que trabajan en Nador. Es decir, personas que cobrarían una ayuda destinada a hogares en situación de vulnerabilidad en España mientras perciben un sueldo público al otro lado de la frontera.
El patrón que describen las fuentes es sencillo de detectar si se buscan los datos adecuados. Un funcionario que resida en Melilla y trabaje en Nador tiene que salir por Beni Enzar antes de que empiece su jornada y regresar al terminarla. Es un movimiento que se repite de lunes a viernes y que queda registrado en los controles policiales del paso fronterizo.
Bastaría con cruzar esos registros con el listado de perceptores del IMV para conocer cuántos beneficiarios mantienen esa rutina. Ese cruce, según las fuentes consultadas por El Faro, no se ha hecho nunca.
Horarios fijos y previsibles
Los horarios de la función pública marroquí facilitan identificar ese movimiento. En invierno, la jornada se extiende normalmente de 8:30 a 16:30, de lunes a viernes, con una interrupción para comer, aunque puede variar ligeramente entre departamentos. En verano, aproximadamente de junio a septiembre, se aplica jornada continua, habitualmente de 8:00 u 8:30 a 15:00.
Durante el Ramadán, el Ministerio de Transición Digital y Reforma de la Administración fija cada año un horario continuo de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, para administraciones, establecimientos públicos y entidades locales, con facilidades para que los funcionarios puedan acudir a la oración del viernes.
Son franjas fijas y conocidas. Un funcionario que viva en Melilla y trabaje en Nador debe cruzar Beni Enzar hacia Marruecos a primera hora de la mañana y volver a media tarde, cinco días por semana, con los ajustes propios de cada temporada. El código laboral marroquí fija una jornada legal de 44 horas semanales, aunque en la función pública el cómputo real suele rondar las 40 o 42 horas, según el departamento.
Un control que no mira a la frontera
La ley es clara. Para cobrar el IMV hay que acreditar residencia legal y efectiva en España de forma continuada durante, al menos, el último año. Las ausencias al extranjero no pueden superar los 90 días. Y la cuantía de la prestación depende de los ingresos de toda la unidad de convivencia: si en el hogar entra un sueldo, una pensión u otra ayuda, el IMV se reduce para cubrir solo la diferencia hasta la renta garantizada.
Un salario público en Marruecos, por tanto, tendría que computar en el cálculo. Si no se declara, la persona cobra una prestación que no le corresponde o una cantidad superior a la que tendría derecho.
El Ministerio de Trabajo asegura que dispone de herramientas para detectar irregularidades. Cruza datos con la Agencia Tributaria y con las entidades bancarias. Vigila indicios como la compra de billetes de avión internacionales, la tarjeta sanitaria sin uso o los gastos incompatibles con la renta declarada. Y mantiene un canal de denuncia anónima para el fraude.
Ninguno de esos mecanismos está pensado para una ciudad como Melilla. Un billete de avión deja rastro; cruzar la frontera a pie cada mañana no deja ninguno en la Agencia Tributaria ni en los bancos. Tampoco un sueldo cobrado en Marruecos aparece en los datos que la Administración española recibe de los pagadores españoles.
La única huella de esa rutina diaria está en los registros de la Policía Nacional en Beni Enzar. Y ahí, según las fuentes consultadas, no ha mirado nadie.
La magnitud del tránsito hace inviable cualquier control a simple vista. Pese a la drástica reducción de pasos desde el cierre de la frontera en 2020, por Beni Enzar siguen cruzando cada día unas 7.500 personas y 1.700 vehículos, según datos de la propia gestión del paso.
Ningún documento público recoge la existencia de un cruce entre el registro de beneficiarios del IMV y el tránsito fronterizo. Con la frontera abierta cada día, nadie audita si el titular de una prestación duerme en Melilla o si pasa la jornada en Nador.
La llave de la nacionalidad marroquí
La hipótesis que manejan estas fuentes se apoya en una particularidad jurídica que convierte a miles melillenses en ciudadanos de dos países a la vez.
España no tiene convenio de doble nacionalidad con Marruecos. El Código Civil exige renunciar a la nacionalidad de origen para obtener la española, pero el Código de Nacionalidad marroquí no permite que esa renuncia sea efectiva. Aunque la persona la firme ante el Registro Civil español, Rabat la sigue considerando súbdita suya.
El resultado es una doble nacionalidad de facto que España no reconoce sobre el papel, pero que Marruecos aplica en la práctica. Además, se transmite automáticamente a los hijos, incluidos los nacidos ya como españoles en Melilla.
Esa nacionalidad abre la puerta a los derechos que Marruecos reserva a sus nacionales. Entre ellos están la propiedad, la herencia, la atención consular y el acceso a la función pública. Un español de origen marroquí puede, por tanto, ser funcionario en Nador sin que ese dato figure en ninguna estadística del IMV.
Melilla tiene, además, una de las tasas de naturalización más altas del país. En 2021, el 5,8% de su población extranjera obtuvo la nacionalidad española, un porcentaje solo superado por Ceuta.
Las estadísticas oficiales no permiten saber cuántos de ellos cobran el IMV. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) únicamente distingue entre titulares españoles y extranjeros, según la nacionalidad legal en el momento de la solicitud. En diciembre de 2025 había 2.401 titulares españoles y 1.026 extranjeros. Una persona nacionalizada figura en esas tablas, sin más, como española, y ningún dato permite rastrear si mantiene un empleo al otro lado de la frontera.
Casi 15.000 beneficiarios
El volumen de la prestación en la ciudad da la dimensión del problema. En mayo de 2026, un total de 14.893 personas cobraban el IMV en Melilla, según publicó este diario. La nómina de ese mes alcanzó los 2,66 millones de euros, con una cuantía media de 711,26 euros por hogar, muy por encima de la media nacional, que en junio se situó en 507 euros.
El crecimiento no se ha detenido desde la creación de la ayuda. Entre junio de 2020 y mayo de 2023, más de 12.152 personas la cobraron en algún momento, el 14,67% de la población de la ciudad. Es el porcentaje más alto de España, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En enero de 2025, las prestaciones activas habían crecido un 24% en un solo año. En diciembre de ese ejercicio, el INSS contabilizaba 3.433 hogares beneficiarios y 13.942 personas, un 13,9% más que doce meses antes.
Parte de ese aumento responde a un cambio administrativo. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Melilla es el territorio que más beneficiarios ha trasvasado, un 47%, desde su antigua renta mínima propia hacia el IMV estatal.
Dos ingresos a ambos lados de la frontera
La comparación entre lo que cobra un funcionario marroquí y lo que paga el IMV en Melilla explica el atractivo de esa posible práctica. Según el informe oficial de Recursos Humanos adjunto a la Ley de Finanzas de 2024, con datos de 2023, el salario neto medio mensual en la función pública marroquí es de 8.561 dírhams, unos 786 euros. En 2013 era de 665,60 euros.
Por escalas, los empleados de la escala 6 y equivalentes cobran de media 4.591 dírhams, unos 421 euros. Los de las escalas 7 a 9 perciben 5.826 dírhams, unos 534 euros, y la categoría ejecutiva, a partir de la escala 10, 10.087 dírhams, unos 926 euros.
El 8,34% de los empleados públicos marroquíes cobra menos de 4.000 dírhams (367 euros) netos al mes y el 27,24% no supera los 6.000 dírhams (550 euros). El 63,59% se sitúa entre 6.000 y 14.000 dírhams, entre 550 y 1.285 euros, y solo el 2,87% rebasa los 20.000 dírhams, unos 1.836 euros. El salario mínimo en la función pública ha pasado de 257 euros en 2013 a unos 300 euros en los últimos años.
La cuantía media del IMV en Melilla, 711,26 euros por hogar, se acerca al sueldo medio de un funcionario marroquí y supera con holgura lo que cobra la mayoría de los empleados de las escalas inferiores. Un perceptor que ocultara esa nómina podría casi duplicar sus ingresos mensuales. Y lo haría con una prestación cuyo importe, si el sueldo se declarara, se reduciría o incluso podría desaparecer.
Precedentes de fraude en la residencia
La sospecha no surge en el vacío. En Melilla, el padrón y la documentación de residencia ya se han utilizado para acceder de forma fraudulenta a beneficios públicos.
En enero de 2026, la Policía Nacional abrió 514 expedientes sancionadores a personas que, tras abandonar la ciudad, seguían empadronadas en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para seguir disfrutando de bonificaciones públicas de transporte.
En el primer trimestre de 2025, la Jefatura Superior de Policía de Melilla registró 77 personas detenidas o investigadas por falsificación documental para obtener residencia, trabajo o incluso la nacionalidad española. Entre 2021 y 2024, la cifra acumulada ascendió a 429 personas en 101 operaciones distintas. En enero de 2024, los agentes detuvieron a una gestora de una asesoría de extranjería y a una migrante por falsificar documentación de residencia.
Fuera de la ciudad, un juzgado de Alicante ya persiguió un caso de fraude de residencia en el cobro del IMV, recogido en la sentencia 389/2022.
El asunto ha llegado también al debate político. En junio de 2025, el líder de Vox en Melilla, José Miguel Tasende, reclamó un "control estricto" sobre los perceptores de ayudas públicas. Denunció que en grupos locales de redes sociales circulaban peticiones para empadronarse de forma fraudulenta y quejas de beneficiarios obligados a devolver el IMV por superar el límite de 90 días fuera de España.
"No queremos que se pueda dar la posibilidad de que haya personas que piden y reciben una ayuda en España para irse a vivir a Marruecos, donde la renta es más baja", declaró entonces Tasende.
El auditor ya lo había advertido
Las carencias de control sobre el dinero público en Melilla no son una novedad para el organismo encargado de vigilarlo. El Tribunal de Cuentas fiscaliza directamente a la ciudad, porque esta carece de órgano de control externo propio, y lleva tiempo alertando de ellas.
En su informe sobre los Fondos de Compensación Interterritorial (FCI) del ejercicio 2023, el tribunal concluyó que ninguna de las administraciones fiscalizadas, Melilla incluida, dispone de un registro adecuado para hacer seguimiento de en qué se gasta ese dinero. Constató también que la dotación de estos fondos ha caído un 32% desde 2009 y que los proyectos se describen de forma genérica en los Presupuestos Generales del Estado.
En su análisis de la Cuenta General de la Ciudad del mismo año, fue más allá y reclamó completar el portal de transparencia y reforzar el control financiero interno.
El IMV lo abona directamente el Estado a través de la Seguridad Social, sin pasar por las arcas locales. Las ayudas propias, como el Ingreso Melillense de Integración, salen del presupuesto de la Ciudad Autónoma, que en 2026 asciende a 421.447.000 euros, un 8,6% más que el año anterior. Entre el 83% y el 83,7% de esa cantidad va a gasto estructural. La mayor parte de los recursos procede, a su vez, de transferencias del Estado como el Fondo de Suficiencia, el FCI, la compensación por el IPSI y los fondos europeos.
Una comprobación pendiente
Vivir en Melilla y trabajar en Nador no es ilegal. Tampoco lo es mantener la nacionalidad marroquí de facto, que la ley española no reconoce pero que no puede impedir. Lo que la normativa no permite es cobrar el IMV ocultando un sueldo público, ni hacerlo sin residir de forma efectiva en la ciudad.
La propia regulación cierra, además, la puerta a cobrar ayudas en ambos países. El programa marroquí Apoyo Social Directo exige residir en Marruecos e inscribirse en su Registro Social Unificado, mientras que el IMV exige vivir en España. Pero un funcionario de Nador no necesita la ayuda social marroquí: le basta con su nómina al otro lado y con el IMV a este.
Las fuentes consultadas por El Faro insisten en que la herramienta para salir de dudas está al alcance de la Administración. Los registros de la Policía Nacional en Beni Enzar, cruzados con el horario de la función pública marroquí y con el listado de perceptores de la Seguridad Social, permitirían saber cuántos beneficiarios encajan en ese perfil.
Hasta que ese cruce se haga, nadie en la Administración española puede garantizar cuántos de los casi 15.000 perceptores del IMV en Melilla viven y trabajan realmente en la ciudad.
