Un total de 743 personas en Melilla solicitaron acogerse al proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno de España para inmigrantes en situación administrativa irregular y solicitantes de protección internacional. El plazo para presentar las solicitudes concluyó el pasado 30 de junio, después de permanecer abierto desde el 16 de abril, y los datos oficiales fueron dados a conocer el 2 de julio por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La cifra sitúa a Melilla entre los territorios con menor volumen de expedientes debido a su reducido tamaño poblacional, aunque refleja la existencia de varios centenares de personas que cumplían los requisitos establecidos por el Ejecutivo para acceder a una autorización temporal de residencia y trabajo.
A nivel nacional, el Ministerio contabilizó 1.174.978 solicitudes, muy por encima de las previsiones iniciales del Gobierno, que estimaba que el proceso beneficiaría a entre medio millón y 750.000 personas. De ese total, 609.737 expedientes ya habían sido tramitados en el momento de hacerse público el balance, mientras que el resto continúa en distintas fases de gestión. Asimismo, alrededor del 79,6 % de las solicitudes corresponden al procedimiento de arraigo extraordinario y el 20,4 % restante a personas solicitantes de protección internacional que optaron por acogerse a esta vía extraordinaria de regularización.
Comparación con Ceuta
Aunque ambas ciudades autónomas se sitúan entre los territorios con menor número de solicitudes de toda España debido a su reducido tamaño demográfico, Melilla ha superado claramente a Ceuta en este proceso extraordinario de regularización. Mientras que Melilla contabilizó 743 expedientes, Ceuta cerró el plazo con 452 solicitudes, situándose como la provincia con menor volumen de peticiones del país.
Esto supone que Melilla recibió 291 solicitudes más, es decir, alrededor de un 64 % más que la ciudad autónoma vecina.
Un permiso temporal
La regularización extraordinaria fue aprobada mediante un Real Decreto del Consejo de Ministros con el objetivo de ofrecer una vía excepcional para regularizar la situación administrativa de miles de personas que ya residían en España antes del 1 de enero de 2026.
Podían acogerse al procedimiento quienes acreditaran haber permanecido de forma continuada en territorio español durante al menos cinco meses antes de presentar la solicitud, además de carecer de antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública.
Una de las principales novedades de esta medida es que, una vez admitida a trámite la solicitud, los interesados obtienen una autorización provisional para residir y trabajar mientras se resuelve el expediente. La autorización definitiva tendrá una duración inicial de un año y permitirá trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia en cualquier punto del territorio nacional.
Realidad migratoria singular
Los 743 expedientes registrados en Melilla muestran una realidad diferente a la de otras provincias españolas. La ciudad autónoma constituye una de las principales puertas de entrada a Europa desde el norte de África y mantiene una presión migratoria constante debido a su condición de frontera terrestre con Marruecos.
Sin embargo, el número de solicitudes presentadas resulta muy inferior al de grandes provincias como Cataluña (257.602), Madrid (202.424), Valencia (167.286) o Andalucía (161.557), donde la población inmigrante asentada es considerablemente mayor.
La cifra también pone de manifiesto que muchas personas que residen en Melilla y cumplían los requisitos optaron por aprovechar esta oportunidad excepcional para abandonar la situación de irregularidad administrativa y acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones.
Un perfil mayoritariamente joven
Según los datos difundidos por el Ministerio, el perfil predominante de quienes solicitaron la regularización en España corresponde a personas jóvenes y en edad de trabajar.
El 81 % de los solicitantes tiene menos de 45 años, mientras que el 57 % son hombres y el 43 % mujeres. Además, la mayoría procede de países de América Latina, con ciudadanos de Colombia a la cabeza (25,9%), seguidos por personas originarias de Marruecos (13,3%) y Venezuela (11,8%). En conjunto, dos de cada tres solicitantes son originarios de América Central y del Sur, mientras que el 22,9% procede de países africanos y el 8,3% de Asia.
El Gobierno considera que esta medida permitirá aflorar empleo que ya existía de forma irregular y facilitar la incorporación de miles de trabajadores a la economía formal, con el consiguiente aumento de cotizaciones a la Seguridad Social.
Resolución de expedientes
Tras el cierre del plazo el 30 de junio, la Administración dispone de un máximo de tres meses para resolver las solicitudes, aunque parte de los expedientes ya se encuentran en tramitación avanzada.
El Ministerio ha destacado que el procedimiento se ha desarrollado principalmente por vía telemática (83,2%), mientras que el 16,8% restante se presentó de forma presencial en alguna de las 448 oficinas habilitadas de Correos, la Seguridad Social y Extranjería.
Durante las próximas semanas continuará el análisis individualizado de cada expediente para comprobar que los solicitantes cumplen todos los requisitos legales establecidos en el Real Decreto.
En el caso de Melilla, las 743 solicitudes presentadas representan el punto de partida de un proceso que ahora entra en su fase decisiva. Será en los próximos meses cuando se conozca cuántos de esos expedientes obtienen finalmente la autorización de residencia y trabajo y cuántos son rechazados por no reunir las condiciones exigidas por la normativa.
Con esta regularización extraordinaria, el Gobierno ha llevado a cabo uno de los mayores procesos de normalización administrativa de población migrante de la historia reciente de España, un procedimiento que ha superado ampliamente las previsiones iniciales y que también ha tenido reflejo en Melilla con varios centenares de personas solicitando regularizar su situación.
