La Ciudad Autónoma emprenderá acciones judiciales contra distintas instituciones del Gobierno central por la situación de la planta desaladora de Melilla. Así lo ha anunciado el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, quien ha asegurado que ha dado instrucciones a los servicios jurídicos para que estudien y planteen las demandas correspondientes por la vía que consideren más adecuada.
Imbroda explicó que el origen de esta decisión se remonta al 11 de marzo de 2025, fecha en la que remitió un escrito a la ministra para la Transición Ecológica con el objetivo de denunciar el estado en el que se encontraban las instalaciones de la desaladora tras la construcción de un cuarto grupo por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Según relató, dicho grupo había sido proyectado con el objetivo de aumentar la producción de agua y garantizar un suministro de calidad para la ciudad. Sin embargo, aseguró que cuando las instalaciones fueron entregadas a la Ciudad Autónoma se detectaron numerosas deficiencias que impedían su correcto funcionamiento.
El presidente recordó que, en el momento de la entrega, se levantó un acta firmada por técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de la Ciudad Autónoma de Melilla. En ese documento, según indicó, quedaron reflejadas distintas anomalías, desperfectos y averías que debían ser subsanadas para que la nueva infraestructura pudiera entrar en funcionamiento con normalidad.
Imbroda lamentó que, más de un año después de la firma de aquel documento, las incidencias continúen sin resolverse. A su juicio, las administraciones responsables no han llevado a cabo las actuaciones necesarias para corregir los problemas detectados en las instalaciones.
Durante su intervención, aseguró que no se ha producido ningún avance desde entonces y afirmó que la situación ha impedido que el cuarto grupo de la desaladora aporte agua a la ciudad. En este sentido, sostuvo que la infraestructura fue construida con la finalidad de garantizar un abastecimiento continuo a los melillenses, algo que, según denunció, no ha llegado a materializarse.
El presidente manifestó también su malestar por la falta de respuesta a las comunicaciones remitidas por la Ciudad Autónoma. En concreto, señaló que el escrito enviado a la ministra de Transición Ecológica en marzo de 2025 no obtuvo contestación alguna.
Asimismo, aseguró que tampoco han sido atendidos los requerimientos realizados desde la Consejería de Medio Ambiente para reclamar actuaciones que permitieran corregir las deficiencias existentes en la planta.
Imbroda calificó la situación de “gravísima” y consideró que existe un “desprecio absoluto” hacia Melilla por parte de las instituciones responsables. Según afirmó, la ausencia de respuestas y de medidas correctoras durante más de un año ha llevado a la Ciudad Autónoma a tomar la decisión de acudir a los tribunales.
Por este motivo, anunció públicamente que ha ordenado a los servicios jurídicos de la Administración local que comiencen a preparar las correspondientes acciones legales. El objetivo, explicó, es exigir responsabilidades por la situación de una infraestructura que considera estratégica para el abastecimiento de agua de la ciudad.
Las acciones judiciales, según detalló, se dirigirán contra la ministra para la Transición Ecológica, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la delegada del Gobierno en Melilla.
Aunque no precisó cuál será el procedimiento concreto que se seguirá, indicó que los servicios jurídicos analizarán cuál es la vía más adecuada para llevar adelante las reclamaciones. En cualquier caso, dejó claro que la intención de la Ciudad Autónoma es impulsar todas las actuaciones legales que sean posibles.
Durante su comparecencia, Imbroda insistió en la importancia que tiene el agua como recurso esencial para la población y defendió que la situación actual no puede prolongarse más tiempo. En este sentido, argumentó que se trata de un servicio básico cuya garantía resulta fundamental para el funcionamiento de la ciudad.
El presidente aseguró que la Administración local ha mostrado paciencia durante más de un año esperando una respuesta y una solución a los problemas detectados en la desaladora. Sin embargo, sostuvo que, ante la falta de avances, ha llegado el momento de recurrir a la vía judicial.
En su intervención, expresó además su rechazo a lo que considera una dejación de responsabilidades por parte de los organismos implicados y afirmó que no permitirá que la situación continúe sin consecuencias.
Con este anuncio, la Ciudad Autónoma inicia un nuevo frente institucional relacionado con el abastecimiento de agua en Melilla. La intención del Ejecutivo local es que los servicios jurídicos comiencen de inmediato a estudiar y tramitar las actuaciones necesarias para exigir responsabilidades por el estado de una infraestructura que, según denunció Imbroda, sigue sin cumplir la función para la que fue construida.
El desprecio a la ciudadania y a los asuntos de los Melillenses es el día a día de Imbroda y el de sus palmeros. Prometieron hasta q la metieron y una vez metida..... Vividores del erario publico y colocadores de cachorros familiares allegados y simpatizantes y si es necesario prostituyendo OPOSICIONES. Se han pegado 4 años en la oposición prometiendo en Oro y Moro, con su programa electoral se limpiaron el trasero el día 1 de desgobierno. Y ahora resulta que denuncian que el módulo 4 no funciona.... Pero esque tampoco lo hace el módulo 3 ni el 2 ni el 1... Pero bien llenitas que tienen sus piscinas cuando hay barrios enteros sin gota de agua pa ni siquiera enjuagarse la boca. Y llenitas también sus cuentas neveras y el tten de vida que llevan a cuenta del contribuyente. Esto a mi parecer no será más que otra pantufla pa tapar su desidia e incompetencia. Ya están en campaña pa seguir tapando su inutilidad y acusar a los demás centrifugando sus porquerías.