El vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma de Melilla, Miguel Marín, ha criticado que el Gobierno de España mantenga una política migratoria que, a su juicio, avanza en una dirección opuesta a la que está adoptando actualmente la Unión Europea. Sus declaraciones se producen después de que las instituciones comunitarias hayan alcanzado un acuerdo para endurecer y agilizar los procedimientos de retorno de migrantes en situación irregular.
Marín señaló que Europa está apostando por reforzar el control migratorio y por establecer mecanismos que permitan una gestión más eficaz de los flujos de inmigración irregular. En este sentido, sostuvo que las medidas impulsadas desde Bruselas contrastan con las decisiones que, según afirmó, está adoptando el Ejecutivo español.
El dirigente melillense enmarcó sus críticas en el reciente pacto alcanzado entre el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo sobre el reglamento de retornos. El acuerdo contempla instrumentos destinados a acelerar las repatriaciones de personas que no tengan derecho a permanecer en territorio comunitario y abre la puerta a la creación de centros de retorno en terceros países, dentro de la estrategia europea para gestionar la inmigración irregular.
Según Marín, la evolución de la política migratoria europea demuestra que existe una creciente preocupación entre los Estados miembros por reforzar las fronteras exteriores y garantizar el cumplimiento de las normas de entrada y permanencia en el espacio comunitario.
El vicepresidente primero defendió que Melilla, por su condición de frontera sur de Europa, conoce de primera mano los desafíos asociados a los movimientos migratorios y la necesidad de disponer de herramientas eficaces para hacer frente a esta realidad. Asimismo, consideró que las decisiones que se adopten en materia de inmigración deben tener en cuenta la situación específica de los territorios fronterizos.
Las declaraciones de Marín llegan en un momento de intenso debate sobre la gestión migratoria en el ámbito europeo. El acuerdo alcanzado por las instituciones comunitarias deberá completar aún los trámites formales necesarios para su entrada en vigor, aunque supone un nuevo paso en la estrategia de la UE para incrementar la eficacia de los retornos y reforzar el control de la inmigración irregular.
Marín insistió además en que Melilla no puede quedar al margen de este debate, al tratarse de una ciudad especialmente expuesta a la presión migratoria por su ubicación geográfica. Por ello, reclamó al Gobierno central una posición más alineada con las nuevas directrices europeas y con las necesidades reales de la frontera sur.
