El vicepresidente primero del Gobierno de Melilla, Miguel Marín, arremetió contra la delegada del Gobierno por su falta de reacción ante las recientes cancelaciones de vuelos, acusándola de “rascarse la barriga” en lugar de dar explicaciones y aportar soluciones al problema del transporte aéreo que afecta a la ciudad.
Las críticas llegan tras varios episodios de cancelaciones que han provocado retrasos de días en los desplazamientos de pasajeros con destino a Melilla, generando un escenario que Marín calificó de “caos” tanto en el aeropuerto local como en distintos aeropuertos peninsulares. Según señaló, algunos viajeros han tardado hasta dos o tres días en poder llegar a la ciudad, mientras que otros permanecían sin alternativas claras.
El vicepresidente subrayó que la conectividad es un elemento esencial para cualquier territorio, pero que en el caso de Melilla cobra una importancia aún mayor debido a su dependencia exclusiva del transporte marítimo y aéreo. “Aquí no hay alternativas”, insistió, al comparar la situación con la de la península, donde existen múltiples opciones como trenes, carreteras o distintas compañías aéreas.
En este contexto, Marín denunció que, lejos de mejorar, la situación del transporte en la ciudad ha empeorado en los últimos años. Como ejemplo, mencionó la reducción de las conexiones marítimas con Almería, que han pasado de ser diarias a tres semanales, lo que, según explicó, ha afectado a residentes y visitantes.
En el ámbito aéreo, centró sus críticas en la falta de medidas para evitar cancelaciones. En primer lugar, señaló la ausencia de sistemas de aproximación más avanzados que permitan operar en condiciones meteorológicas adversas. Según indicó, existen tecnologías disponibles que no requieren grandes complejidades técnicas, pero cuya implantación depende de la voluntad política y de la formación de los pilotos.
Además, hizo referencia a las cancelaciones por motivos técnicos, destacando que el aeropuerto de Melilla carece de alternativas en caso de averías. “Si un avión falla, aquí no hay otras compañías ni otros medios para que el pasajero pueda viajar”, afirmó, en contraste con otros aeropuertos donde los usuarios pueden optar por diferentes opciones.
Para hacer frente a esta situación, Marín volvió a reclamar la implantación de una obligación de servicio público que contemple, entre otras medidas, la disponibilidad de aviones de reserva para cubrir incidencias técnicas, así como el mantenimiento de las frecuencias actuales. A su juicio, esta medida debería ser asumida por el Gobierno de España, al tratarse de una competencia estatal.
El dirigente melillense también insistió en la necesidad de ampliar la pista del aeropuerto, una actuación que, según defendió, permitiría mejorar la operatividad, aumentar la seguridad y facilitar la llegada de nuevas compañías aéreas. En este sentido, recordó que una ampliación anterior permitió sustituir aeronaves antiguas por modelos más modernos, mejorando el servicio.
Sin embargo, el eje central de sus declaraciones se centró en la actuación de la delegada del Gobierno, a quien reprochó no haber ofrecido explicaciones públicas ante la situación. “Es una falta de respeto al conjunto de los melillenses”, afirmó, cuestionando su papel al frente de una competencia clave como el transporte aéreo.
Marín sostuvo que la delegada no solo evita pronunciarse sobre este asunto, sino que mantiene una actitud pasiva ante otros problemas que afectan a la ciudad. En este sentido, enumeró cuestiones como la sanidad, la aduana comercial o el transporte marítimo, señalando que en todos estos ámbitos “no dice nada” y se limita a justificar la actuación del Gobierno central.
Asimismo, estableció una comparación con la gestión de delegados del Gobierno en otras ciudades, indicando que en esos casos sí se han reclamado mejoras en los servicios públicos. Frente a ello, consideró que en Melilla no se está defendiendo adecuadamente los intereses de la ciudad.
El vicepresidente también defendió que la Ciudad Autónoma no puede asumir determinadas inversiones por falta de competencias y recursos. En este sentido, explicó que el presupuesto local, de unos 400 millones de euros, no permite afrontar proyectos de gran envergadura como la ampliación del aeropuerto, que corresponde al Estado.
Pese a ello, destacó que el Gobierno local sí está destinando recursos a áreas que no son de su competencia, como la educación, la sanidad o el turismo. En este último ámbito, mencionó la inversión en bonos turísticos como una medida para incentivar la llegada de visitantes y mejorar la conectividad.
Marín insistió en que las demandas trasladadas al Gobierno de España no son nuevas y que se vienen planteando desde hace años sin que se hayan materializado avances. Entre ellas, reiteró la necesidad de mejorar los sistemas de aproximación, ampliar la infraestructura aeroportuaria y establecer mecanismos que garanticen la continuidad del servicio ante incidencias.
Las declaraciones del vicepresidente reflejan el malestar del Ejecutivo local ante una situación que, según expuso, afecta directamente al desarrollo y al día a día de la ciudad. El transporte, concluyó, sigue siendo uno de los principales desafíos para Melilla, en un contexto marcado por la falta de soluciones y la ausencia de respuestas institucionales.
