Melilla ha reducido a menos de la mitad el número de menores extranjeros no acompañados acogidos en la ciudad desde que se activaron los traslados en el marco de la contingencia migratoria. En la actualidad, el centro de protección de La Purísima alberga a 68 menores, una de las cifras más bajas registradas en los últimos años, según ha informado el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda.
El dirigente melillense explicó ante los periodistas que ese era el dato contabilizado hace dos días en las instalaciones de La Purísima, el principal recurso de acogida de menores de la Ciudad Autónoma. La reducción supone un importante descenso respecto a la situación existente antes de que se declarara la contingencia migratoria el 30 de agosto de 2025.
Según los datos trasladados hace un mes por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, Melilla acogía entonces a 160 menores extranjeros no acompañados. A esa cifra se sumaron posteriormente otros 101 menores más como consecuencia de nuevas llegadas registradas desde ese momento, lo que elevó la presión sobre los recursos asistenciales de la ciudad.
Posteriormente, el 15 de enero de este año, el Gobierno de Melilla certificó al Ejecutivo central que todavía permanecían 136 menores dentro del sistema de acogida local. Tres meses después, esa cifra se ha reducido a 68, de acuerdo con los datos actualizados ofrecidos por Imbroda, dentro de un proceso de traslados que ha rebajado notablemente la ocupación en el centro.
Durante su comparecencia, el presidente melillense volvió a insistir en el coste económico que supone para la Ciudad Autónoma la atención a estos menores. Según expuso, la gestión del centro de protección de La Purísima, que está en manos de la empresa pública Tragsatec, alcanza los 7 millones de euros anuales.
Imbroda subrayó además que la tutela de cada menor implica un desembolso de unos 50.000 euros al año para las arcas de la ciudad. Por ello, reclamó nuevamente al Gobierno central que compense al cien por cien ese esfuerzo económico, al considerar que no se trata de un problema exclusivo de Melilla, sino de una cuestión vinculada al fenómeno migratorio.
En este contexto, el presidente de la Ciudad Autónoma elevó a 120 millones de euros el déficit acumulado por Melilla desde que comenzó a afrontar la inmigración infantil hace cerca de dos décadas. De este modo, corrigió la cifra de más de 20 millones de euros que había mencionado previamente y reiteró la exigencia de que el Estado asuma esa deuda.
“Nosotros consideramos que nos lo tienen que pagar, que nos adeudan esos 120 millones porque nosotros hemos cumplido”, sostuvo Imbroda al defender la reclamación económica planteada por el Ejecutivo local.
