Melilla ha dado un paso más para paliar el deterioro de su patrimonio arquitectónico protegido. Para ello, el Gobierno local promueve la puesta en marcha de un servicio de apoyo técnico y jurídico dirigido a la ciudadanía y a las comunidades de propietarios que deseen acogerse a ayudas públicas destinadas a la rehabilitación de edificios.
Detrás de esta iniciativa hay un reconocimiento explícito de un problema estructural, como es la dificultad para acceder a las subvenciones existentes. Según se recoge en la memoria del proyecto, en los últimos años se ha constatado una “situación generalizada de abandono, deterioro y falta de mantenimiento” en buena parte del patrimonio protegido de la ciudad. Una realidad que responde en parte a la ausencia de acompañamiento técnico y administrativo a los poseedores de esos inmuebles.
La propia Ciudad admite en sus informes que “esta circunstancia ha dificultado la presentación y tramitación de solicitudes de ayuda, generando un bajo nivel de ejecución de los programas de rehabilitación en los últimos ejercicios”. Y es que las ayudas públicas para la rehabilitación existen y se convocan periódicamente desde la administración, pero su impacto es limitado. En otras palabras, hay fondos disponibles que no llegan a utilizarse plenamente.
La explicación se encuentra en la complejidad de los procedimientos. La tramitación de estas ayudas exige la presentación de proyectos técnicos, informes de inspección de edificios (ITE), certificados energéticos, presupuestos detallados y otra documentación especializada que, en muchos casos, supera la capacidad de gestión de los propietarios o de las comunidades de vecinos. A ello se suma la interpretación de bases reguladoras, requisitos normativos y plazos administrativos que dificultan aún más el proceso.
En este contexto, la falta de asesoramiento se ha convertido en una barrera. Muchos potenciales beneficiarios desisten antes siquiera de iniciar el trámite, mientras que otros ven sus solicitudes rechazadas o paralizadas por errores formales o documentación incompleta.
La Consejería de Cultura, Patrimonio Cultural y del Mayor, competente en la protección y conservación del patrimonio arquitectónico, ha identificado este cuello de botella como uno de los principales obstáculos para la rehabilitación efectiva de los inmuebles protegidos de Melilla. De ahí la decisión de impulsar este nuevo servicio, que busca actuar como puente entre la Administración y la ciudadanía.
Un espacio para acompañar todo el proceso administrativo
El contrato ahora en licitación tiene como objetivo la creación de una oficina de atención y asesoramiento integral. Su función principal será acompañar a los ciudadanos durante todo el proceso de solicitud de ayudas, desde la fase inicial de información hasta el seguimiento de los expedientes.
El servicio se prestará en régimen de jornada completa, con atención directa al público tanto en horario de mañana como de tarde, y a través de distintos canales, ya sea presencial, telefónico, correo electrónico o incluso videollamada. La intención es facilitar al máximo el acceso y adaptarse a las necesidades de los usuarios.
Entre las funciones más relevantes destaca la atención personalizada a propietarios y comunidades de vecinos interesados en rehabilitar sus edificios. Este acompañamiento incluirá la explicación de los requisitos de las convocatorias, la orientación sobre normativa en materia de accesibilidad, eficiencia energética o patrimonial y la ayuda en la cumplimentación de formularios.
Además, el servicio se encargará de revisar y organizar toda la documentación necesaria para la solicitud de ayudas. Esto implica analizar proyectos técnicos, informes de inspección, certificados energéticos o presupuestos, con el objetivo de garantizar que cumplen con los requisitos exigidos antes de su presentación.
Control, seguimiento y coordinación técnica
Más allá de la atención directa a la ciudadanía, la oficina tendrá un papel clave en la gestión interna de los expedientes. Se encargará de mantener actualizada toda la información relativa a cada solicitud, respetando los plazos administrativos y registrando de forma sistemática cada actuación.
Para ello, se prevé la utilización de herramientas de seguimiento que permitan controlar el estado de tramitación de los expedientes y facilitar la planificación de las intervenciones. También se elaborarán fichas individualizadas por inmueble o zona, lo que permitirá identificar áreas prioritarias de actuación en la ciudad.
Otro de los ejes del servicio será la coordinación con los colegios profesionales, de manera que gestionará el envío de expedientes y el intercambio digital de informes y documentos técnicos, agilizando así la tramitación y garantizando la calidad de las intervenciones.
Asimismo, se prevé la elaboración de indicadores de seguimiento y rendimiento, como el número de solicitudes presentadas, el porcentaje de expedientes resueltos, los tiempos medios de tramitación o el nivel de ejecución presupuestaria. Estos datos permitirán evaluar la eficacia del programa y detectar posibles mejoras.
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su vocación pedagógica. La oficina resolverá dudas individuales, pero también elaborará guías de tramitación y materiales informativos en lenguaje claro y accesible. En esta línea, se contempla igualmente la organización de jornadas informativas, talleres y sesiones formativas dirigidas tanto a ciudadanos como a técnicos y comunidades de propietarios. Estas acciones buscan generar una cultura de la rehabilitación y fomentar el conocimiento sobre las ayudas disponibles.
Además, el servicio participará en la difusión pública de las convocatorias, elaborando contenidos para la web institucional, redes sociales o materiales audiovisuales. Se trata de aumentar la visibilidad de las ayudas y llegar a un mayor número de potenciales beneficiarios.
Garantías y control de calidad
El contrato incluye también obligaciones en materia de confidencialidad y protección de datos, así como la prohibición de utilizar el nombre de la Ciudad Autónoma en comunicaciones externas sin autorización expresa. La empresa adjudicataria deberá garantizar un tratamiento riguroso de la información y mantener actualizados todos los registros.
Por otro lado, se establecerán controles de calidad sobre los expedientes, con revisiones periódicas para detectar errores o posibles mejoras. El servicio también colaborará en la preparación de auditorías y en la respuesta a reclamaciones administrativas, en coordinación con los servicios jurídicos. Cada mes se elaborará un informe detallado sobre la actividad desarrollada, incluyendo el número de expedientes gestionados, su estado, las incidencias detectadas y propuestas de mejora.
La puesta en marcha de esta oficina responde a un objetivo claro, como es reactivar la rehabilitación del patrimonio arquitectónico de Melilla con más solicitudes de subvenciones, así como mejorar su calidad y garantizar que las actuaciones respeten los criterios de conservación.
El plazo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas finaliza el 23 de marzo y será a partir de la adjudicación cuando se ponga en marcha un servicio que aspira a impulsar la conservación del legado arquitectónico de la ciudad. En principio, este servicio de asesoramiento a la ciudadanía estará activo durante al menos 18 meses y tendrá un coste para las arcas municipales de unos 62.000 euros.
