La Plataforma integrada por la mayoría de sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, creada en febrero de 2022, ha expresado públicamente su malestar ante lo que considera un nuevo agravio comparativo por parte del Ejecutivo. Según denuncian, el Gobierno no solo habría incumplido el Acuerdo de Equiparación suscrito con los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), sino que además estaría ampliando la diferencia salarial con los Mossos d’Esquadra tras las recientes mejoras aprobadas para el cuerpo autonómico catalán.
Desde la organización sostienen que el compromiso alcanzado en su día tenía como finalidad reducir la distancia retributiva existente entre los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil y los Mossos, quienes —afirman— percibían salarios superiores pese a desempeñar funciones similares. A su juicio, lejos de corregirse esa desigualdad, la situación se habría agravado con el paso de los años.
La Plataforma dirige sus críticas especialmente al ministro del Interior, a quien señala como el miembro del Gobierno que peor ha tratado a policías nacionales y guardias civiles durante los últimos años. No obstante, extiende la responsabilidad al conjunto del Ejecutivo, al que acusa de mantener una actitud de desconsideración continuada hacia quienes integran las FCSE.
En su comunicado, recuerdan que el Acuerdo de Equiparación fue fruto de movilizaciones y reivindicaciones prolongadas por parte de sindicatos y asociaciones profesionales. El objetivo era poner fin a una brecha salarial que consideraban injustificada, dado que, según defienden, las funciones desempeñadas por los distintos cuerpos policiales son equivalentes en cuanto a responsabilidad y exigencia.
La organización subraya que, en los siete años de mandato del presidente del Gobierno, no solo no se ha reconocido a policías nacionales y guardias civiles la condición de profesión de riesgo —estatus que sí tienen los Mossos—, sino que además se habrían adoptado decisiones que incrementan nuevamente la distancia salarial. Aseguran que mientras el cuerpo autonómico catalán ha recibido mejoras económicas y laborales, esas mismas reivindicaciones han sido rechazadas para las FCSE.
Desde su punto de vista, la diferencia resulta aún más difícil de justificar si se tiene en cuenta que la Policía Nacional y la Guardia Civil desarrollan sus funciones en todo el territorio nacional bajo idénticos parámetros de responsabilidad. Consideran que el trabajo que realizan es el mismo y que, sin embargo, las condiciones retributivas, los medios disponibles y las condiciones laborales no son equivalentes.
Uno de los aspectos que más críticas ha suscitado es el incremento del Complemento Específico para los Mossos, cifrado en 4.000 euros anuales, bajo el argumento de la especial complejidad de su labor. Para la Plataforma, esta justificación supone un agravio hacia los agentes estatales, al interpretar que se está insinuando que su trabajo no entraña la misma dificultad o nivel de riesgo.
Además del aumento en el complemento fijo, denuncian que se hayan mejorado también las compensaciones por nocturnidad y trabajo en días festivos, con incrementos que pueden alcanzar hasta 3.600 euros. En opinión de la entidad, estas decisiones consolidan una política que califican de discriminatoria y que, según advierten, podría tener consecuencias a medio y largo plazo para las FCSE.
El comunicado también hace referencia a la jornada laboral de los Mossos, que, según exponen, será más reducida, lo que se traducirá en mejores condiciones para la conciliación de la vida profesional y familiar, así como en un mayor número de fines de semana de descanso. La Plataforma considera que estas ventajas amplían todavía más la distancia entre los distintos cuerpos policiales.
Más allá de la vertiente económica, los representantes de policías y guardias civiles alertan de que esta situación no solo afecta a las condiciones laborales de los agentes, sino que también puede repercutir en el servicio que se presta a la ciudadanía. A su entender, la seguridad pública, sufragada con los impuestos de todos los españoles, debería garantizar niveles homogéneos de protección con independencia del territorio.
En este sentido, sostienen que la falta de equiparación plena y de recursos adecuados compromete la igualdad en la prestación del servicio, generando diferencias en función del lugar de residencia. Para la Plataforma, todos los ciudadanos deberían contar con la misma calidad de protección y respaldo policial.
El escrito incluye también críticas directas al presidente del Gobierno y al ministro del Interior, a quienes acusan de utilizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como instrumento de negociación política. Denuncian que esta dinámica pone en riesgo a los agentes al no dotarlos de mejores medios materiales ni reconocerles el carácter de profesión de riesgo, pese a que, según recuerdan, instancias europeas habrían respaldado esa consideración.
Asimismo, lamentan que tampoco se haya reconocido plenamente la condición de autoridad para los miembros de las FCSE, en un contexto en el que —afirman— las agresiones contra agentes se incrementan año tras año.
La Plataforma concluye reiterando sus principales reivindicaciones: una jubilación digna, la equiparación salarial total con los Mossos d’Esquadra y el reconocimiento profesional que consideran justo para quienes integran la Policía Nacional y la Guardia Civil. Con este nuevo pronunciamiento, las organizaciones vuelven a situar en el centro del debate la igualdad retributiva y de condiciones dentro del sistema policial español.
