La cuenta atrás ha comenzado para uno de los instrumentos económicos más relevantes para el tejido productivo de la ciudad autónoma. La bonificación a la Seguridad Social aplicada en Melilla, que fue reformulada tras la aprobación del Real Decreto-ley 1/2023 a nivel estatal, expira el próximo 31 de diciembre. Ante este horizonte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME), Enrique Alcoba, ha confirmado que la organización empresarial mantiene contactos institucionales para reclamar la recuperación del modelo anterior o, al menos, su modificación sustancial y blindaje definitivo.
Un sistema clave desde 2004
La bonificación de las cuotas empresariales y de los trabajadores a la Seguridad Social ha sido, desde 2004, uno de los pilares del régimen económico especial de Melilla. Durante casi dos décadas, el sistema permitió a las empresas reducir directamente sus cotizaciones, mientras que los trabajadores veían reflejado en sus nóminas un plus específico vinculado a dicha bonificación.
Según explica Alcoba, el mecanismo “funcionaba perfectamente”. Las cantidades —que podían oscilar entre 60 y 80 euros mensuales en función de la base de cotización— suponían un incentivo directo tanto para la contratación como para el mantenimiento del empleo estable. “Se nos descontaban directamente en la cuenta en el banco a los empresarios y en las nóminas los trabajadores figuraba un plus, que ponía plus de la bonificación de la Seguridad Social”, detalla el presidente de la CEME.
Este sistema se aplicaba con carácter general a los trabajadores incluidos en los convenios establecidos en la ciudad, lo que garantizaba una cobertura amplia y homogénea. Los empresarios coinciden en que la medida contribuía a compensar los sobrecostes estructurales derivados de la insularidad económica, la lejanía de la península y la limitada dimensión del mercado local.
La reforma de 2023
El escenario cambió con la aprobación del Real Decreto-ley 1/2023, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social bajo la dirección de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. La reforma reordenó el sistema de bonificaciones a la contratación en todo el territorio nacional, introduciendo nuevos criterios y eliminando o modificando esquemas previos.
Según la Confederación de Empresarios, el nuevo marco normativo no contempló adecuadamente la singularidad de Melilla (y Ceuta), dejando fuera el modelo específico que había estado vigente desde 2004. “Se olvidaron de Melilla”, sostiene Alcoba, quien recuerda que el decreto no amparaba la bonificación histórica de la ciudad.
A partir de ese momento, la CEME inició una ronda de contactos institucionales. “Desde que salió el decreto 1/2023 estuvimos reuniéndonos con la delegada del Gobierno y, a través también de la CUE en Madrid, haciendo gestiones para intentar corregir la situación”, explica el presidente empresarial.
Fruto de esas gestiones, se aprobó posteriormente el Real Decreto 660/2023, que introdujo una modificación específica para Ceuta y Melilla. Sin embargo, la medida tiene carácter temporal: una vigencia de tres años que concluye el 31 de diciembre de este año.
Un “apaño” con alcance limitado
Para la Confederación de Empresarios, la solución adoptada en 2023 no ha restituido plenamente el sistema anterior. Alcoba la califica como “algo descafeinado”, ya que no abarca a todos los trabajadores ni mantiene las mismas condiciones de aplicación.
En el modelo actual, los nuevos contratos no disfrutan en todos los casos de la misma cobertura que los anteriores, y determinadas modalidades —como los contratos temporales— quedan fuera del esquema de bonificación. “No es lo que nos gusta. Queríamos lo que teníamos anteriormente”, insiste el presidente de la CEME.
Desde el punto de vista empresarial, la incertidumbre sobre la continuidad del incentivo genera dificultades añadidas en la planificación de recursos humanos y en la toma de decisiones de inversión. “No podemos estar cada año pendientes de si se prorroga o no. Necesitamos estabilidad”, señalan fuentes del sector comercial.
Reuniones y expectativas
Alcoba confirma que ha mantenido encuentros con la delegada del Gobierno para abordar esta cuestión. Según le trasladaron, el asunto se está trabajando en coordinación entre varios departamentos ministeriales, entre ellos Hacienda, Seguridad Social y Trabajo, con el objetivo de estudiar una posible prórroga o reformulación.
“Confiamos, lógicamente. Tenemos margen todavía. Estamos hablando hasta diciembre, quedan diez meses”, apunta el presidente empresarial, quien se muestra moderadamente optimista respecto a una solución antes de que expire el plazo.
No obstante, también reconoce que el contexto político y económico nacional puede relegar la cuestión melillense a un segundo plano. “Entiendo que el Gobierno tiene ahora otros problemas mucho más importantes que lo que es Melilla. Pero este es nuestro problema, el que nos han creado”, subraya.
Recuperar y blindar
Más allá de la prórroga puntual, la CEME plantea una reivindicación de mayor alcance: recuperar la situación anterior y blindar jurídicamente los beneficios fiscales vinculados al régimen especial de la ciudad. La organización considera que estos incentivos no deberían depender de cambios coyunturales ni de la orientación política de cada Gobierno.
“Queremos que vuelva a la situación anterior y que se blinden los beneficios fiscales, entre ellos la Seguridad Social, para que no estemos en vilo dependiendo de cada gobierno que entre”, afirma Alcoba.
En este sentido, la Confederación sostiene que la estabilidad normativa es esencial para sostener el tejido empresarial local, compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. La pérdida o reducción de las bonificaciones podría traducirse, según advierten, en un aumento de costes laborales difícilmente asumible en un mercado ya tensionado por la caída del comercio transfronterizo y el encarecimiento de suministros.
El plus reflejado en nómina durante años supuso un complemento estable para cientos de familias melillenses.
En un contexto de inflación acumulada y aumento del coste de la vida, cualquier reducción de ingresos puede tener repercusiones significativas en el consumo interno. Por ello, la continuidad del sistema no es solo una cuestión empresarial, sino también social.
Mientras tanto, el calendario avanza. Con diez meses por delante hasta la fecha límite, la Confederación de Empresarios mantiene la vía institucional abierta y confía en que las negociaciones fructifiquen en una solución estable. La alternativa —volver a la incertidumbre o a un modelo menos favorable— es, según advierte Alcoba, un escenario que Melilla no puede permitirse repetir.
