El Tribunal Supremo pidió expedientes de contratación pública en Melilla relacionados con la adjudicación de obras que se investigan en el llamado "caso Ábalos" y que estarían centrados en el período de Gobierno CpM-PSOE, partidos que pactaron un acuerdo para asumir la gestión de la Ciudad Autónoma en 2019. Esas reuniones tuvieron como protagonistas, entre otros, al entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y el presidente de CpM, Mustafa Aberchán.
Por eso, la prisión provisional sin fianza dictada contra José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y su exasesor Koldo García, ha sacudido el panorama político a nivel nacional, pero también ha reactivado las alarmas en Melilla, ciudad en la que se podrían haber amañado obras dentro de la trama del entonces todopoderoso dirigente socialista.
Ábalos y Koldo García ingresaron el pasado jueves en prisión ante el peligro de fuga después de conocerse las penas que solicita la Fiscalía Anticorrupción para ellos: 24 y 19,5 años, respectivamente, como presuntos responsables una supuesta red de corrupción basada en cobro de comisiones ilegales, aprovechamiento de la posición institucional y favorecimiento a empresas amigas. Aunque el caso estalló con la compra de mascarillas durante la pandemia, las investigaciones han revelado una trama más amplia que se extendía a sectores como el de la construcción, con adjudicaciones bajo sospecha.
Y entre los territorios que han despertado el interés judicial aparece Melilla, ciudad donde Ábalos mantuvo un papel clave en la conformación del Gobierno local de 2019, cuando el PSOE selló un acuerdo de gobierno con Coalición por Melilla (CpM).
Tal como informó El Faro de Melilla, el Tribunal Supremo solicitó oficialmente expedientes de contratación pública realizados en Melilla, en el marco de la causa principal que involucra al exministro y a su exasesor. La solicitud del alto tribunal pone el foco sobre contratos realizados durante el periodo posterior al acuerdo entre PSOE y CpM, que permitió desbancar del poder al PP tras dos décadas de gobierno.
Aunque no existe hasta ahora confirmación judicial de amaños concretos en estos contratos, el interés del Supremo refleja que hay elementos suficientes para investigar si hubo procedimientos que merecen ser revisados. La presencia directa de Ábalos como figura clave en la negociación del pacto CpM-PSOE y el papel activo de responsables institucionales en aquellas conversaciones, son ahora objeto de análisis político y mediático.
La diputada nacional del PP, Sofía Acedo, ha exigido esta semana explicaciones públicas a la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, quien participó en las negociaciones para constituir el Ejecutivo melillense tras las elecciones municipales. Acedo ha recordado que existen audios que revelan una relación cercana entre Moh y Koldo García, exasesor de Ábalos y ahora en prisión.
"Debe explicar su grado de implicación en aquel pacto y qué tipo de relación mantenía con una persona hoy encarcelada por corrupción", reclama Acedo. El vínculo de Moh con Koldo ha sido ampliamente comentado en medios y redes tras hacerse públicos los audios que prueban la fluidez del contacto entre ambos cuando Sabrina Moh llegó a la Delegación del Gobierno. Hasta el momento, ni Moh ni el PSOE de Melilla han ofrecido declaraciones sobre el tema, a pesar de la solicitud formulada por El Faro, mientras crecen las peticiones de claridad por parte de la oposición.
Tinglado número 5
Uno de los contratos de obra que ha vuelto a cobrar relevancia pública es el de la rehabilitación del Tinglado número 5 del puerto de Melilla, adjudicado a la empresa Levantina Ingeniería y Construcción S.L. La adjudicación inicial se firmó por 658.000 euros, pero el coste final ascendió a 785.000 euros tras aprobarse modificaciones por cimentación y puertas (+10,6%) y una liquidación final a sumar consistente en un 7,9%.
Este contrato fue aprobado durante la presidencia de Víctor Gamero al frente de la Autoridad Portuaria, designado en el cargo por Coalición por Melilla tras el pacto con el PSOE. Actualmente, Levantina se encuentra en litigio con la Autoridad Portuaria, lo que ha reforzado las sospechas sobre el proceso de adjudicación y su posible vinculación con tramas más amplias de irregularidades.
La empresa aparece citada en diversas informaciones periodísticas relacionadas con contratos públicos en otras comunidades, lo que ha motivado que su nombre se cruce con la línea general de investigación sobre empresas beneficiadas en el entorno del caso Koldo.
La situación adquiere mayor gravedad si se tiene en cuenta que varios dirigentes y exconsejeros de Coalición por Melilla (CpM) ya están siendo investigado judicialmente en el marco de la operación Santiago-Rusadir, una macrocausa en la están imputados por presuntos delitos de organización criminal, fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa y malversación.
Estas investigaciones no guardan relación directa con el caso Koldo, pero la coincidencia temporal, institucional y de modelo político refuerza la idea de que Melilla fue en aquellos años un escenario de creciente fragilidad en los sistemas de control de la contratación pública. La combinación de pactos políticos controvertidos, figuras clave ahora investigadas por corrupción y contratos bajo litigio ha situado a la ciudad bajo la lupa de la Justicia, la oposición en Madrid y la opinión pública.
El silencio institucional por parte de los socialistas contrasta con la presión creciente de la oposición y del entorno mediático, que exigen que se despejen todas las dudas sobre cómo se gestionaron los acuerdos de Gobierno y las contrataciones públicas durante el periodo posterior al pacto PSOE-CpM.
“Queremos saber si hubo favores, si se beneficiaron empresas concretas y si se usaron los recursos públicos de Melilla como moneda política”, ha insistido Acedo. “No podemos permitirnos que se normalicen redes de influencia o de clientelismo institucional”, añadió.
Con los principales protagonistas del caso ya entre rejas, el proceso sigue abierto y en expansión. El Tribunal Supremo, al reclamar los expedientes melillenses, ha confirmado que el foco de la Justicia también se extiende a Melilla, aunque todavía no existen imputaciones ni conclusiones judiciales firmes sobre lo ocurrido en la ciudad autónoma.
No obstante, las coincidencias políticas, administrativas y empresariales observadas entre Melilla y otros territorios investigados, así como la documentación ya solicitada, abren la puerta a que la ciudad tenga un papel relevante en el desarrollo de una de las tramas más complejas de corrupción política en la última década.
