El Grupo Socialista presentó cinco preguntas en el pleno de la Asamblea de Melilla de este martes, abordando la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, la gestión de obras públicas, el bienestar animal, la conservación de la Granja Escuela y la entrega de viviendas públicas.
El diputado Riduan Moh cuestionó la actuación del Gobierno local respecto al Monumento Héroes de España, cuya simbología franquista había sido retirada parcialmente. Moh aseguró que la administración no estaba cumpliendo adecuadamente la Ley de Memoria Democrática y reclamó medidas para garantizar la justicia para las víctimas y sus descendientes, denunciando que el Gobierno se ponía de perfil ante estas obligaciones.
La consejera de Cultura, Fadela Mohatar, respondió que desde la promulgación de la Ley en 2007, Melilla ha cumplido con la normativa de forma constante. Explicó que se elaboró un catálogo de calles, placas y monumentos afectados y que estos se han sustituido según la ley. Mohatar reconoció, sin embargo, que la norma presenta limitaciones derivadas de decisiones políticas controvertidas, aunque afirmó que la ciudad ha actuado dentro del marco legal y con criterios de coherencia administrativa.
El diputado Rafael Robles centró su primera pregunta en los retrasos y deficiencias de diversas obras públicas. Criticó la gestión del Parque Lobera, señalando la aparición de muros y galerías no previstas, problemas de suministro de agua y un auto judicial por incumplimiento de protocolos en la colonia felina. También denunció los retrasos en el Tanatorio, cuya construcción debía completarse en 10 meses y que sigue sin cúpula ni materiales, y la escuela infantil Dolores Bartolomé, cuya financiación con fondos europeos se encuentra en riesgo por el incumplimiento de los plazos. Finalmente, Robles aludió a la plaza de España, obra que ha sufrido sucesivas ampliaciones de plazos y modificaciones de tramos, generando incertidumbre y complicaciones administrativas.
El consejero de Medioambiente, Daniel Ventura, defendió la gestión del Gobierno, destacando los problemas heredados y los imprevistos inevitables en la ejecución de obras. Subrayó que la atención a las personas debe primar sobre los datos administrativos y que todas las actuaciones se realizan conforme a la ley y los protocolos de bienestar.
Sobre bienestar animal, la diputada Francisca Maeso pidió explicaciones sobre las políticas aplicadas a las colonias felinas en relación con la Ley 7/2023. La consejera de Salud Pública, Randa Mohamed, explicó que las intervenciones se realizan mediante voluntarios registrados y con coordinación del Colegio de Veterinarios, garantizando la protección de animales y personas. Mohamed indicó que los procedimientos se normalizaron desde 2023 y que se desarrollan conforme a los protocolos de la consejería.
En su cuarta pregunta, Rafael Robles abordó la situación de la Granja Escuela, denunciando el abandono del espacio y el deterioro de las instalaciones. Según Robles, animales como ovejas, palomas, perros y patos se encuentran en condiciones precarias, mientras que huertos y aulas sufren falta de mantenimiento y coordinación. Criticó la desaparición de actividades como los concursos de huertos, equinoterapia y carinoterapia, fundamentales para la función educativa y social del espacio.
El consejero Daniel Ventura respondió que ningún programa social se ha eliminado y que se están implementando nuevas iniciativas. Aseguró que la Granja Escuela cuenta con la categoría de núcleo zoológico reconocida legalmente, que se están realizando mejoras progresivas y que todos los programas sociales permanecen en funcionamiento o se están preparando para su reactivación. Ventura detalló que se ha incorporado un nuevo caballo y que las instalaciones continúan en funcionamiento educativo y recreativo.
La quinta y última pregunta estuvo a cargo de Riduan Moh, quien cuestionó al Gobierno sobre las viviendas públicas que se prevé entregar durante la legislatura. Moh criticó la falta de ejecución de proyectos anteriores y denunció que, a pesar de promesas reiteradas, las obras no se han completado y las familias siguen esperando. Destacó casos concretos como la construcción de 200 viviendas prometidas en legislaturas anteriores y los retrasos en el antiguo cuartel de Santiago, y acusó al Gobierno de incumplir sus compromisos.
El consejero de Fomento, Miguel Marín, defendió la gestión actual y subrayó que la construcción de viviendas requiere planificación, suelo disponible, presupuesto y tramitación administrativa. Indicó que desde febrero de 2024, el Gobierno ha impulsado cuatro promociones que suman 68 viviendas de protección oficial, incluyendo 8 viviendas en calle Sousa Oliveira, cuya construcción avanza con un plazo de ejecución de 13 meses. Marín destacó que la oposición no había iniciado los trámites necesarios en legislaturas anteriores y enfatizó que la entrega de viviendas requiere tiempo, coordinación y recursos, señalando que los programas sociales y de vivienda se están ejecutando de manera planificada y conforme a la ley.
