La Secretaría General de la Delegación del Gobierno en Melilla ha quedado vacante tras la salida de su anterior titular, Sana Jallat. Ante esta situación, Vox Melilla ha exigido que el procedimiento para cubrir el puesto se lleve a cabo de forma transparente, respetando los principios de publicidad, concurrencia, mérito y capacidad. La formación considera imprescindible que este cargo se cubra mediante convocatoria pública, tal y como establece la normativa vigente y ha reiterado la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
“El puesto que ha quedado libre no es menor. Se trata de una plaza que, además de asumir la coordinación administrativa de la Delegación, tiene entre sus funciones suplir a la propia delegada del Gobierno. No puede dejarse al arbitrio de decisiones políticas o nombramientos discrecionales”, ha señalado Javier Diego, secretario de Vox Melilla.
El partido recuerda que la cobertura de vacantes mediante comisiones de servicio requiere una convocatoria pública, incluso en los casos en los que se alega urgencia. Así lo recoge la sentencia 873/2019 del Tribunal Supremo, dictada el 24 de junio de ese año, que obliga a garantizar la igualdad de oportunidades en estos procedimientos. Según dicha doctrina, no es necesario un concurso formal, pero sí es imprescindible que se respeten la transparencia y los principios constitucionales que rigen el acceso al empleo público.
“Melilla no puede permitirse más opacidad en los nombramientos sensibles. Sin publicidad no hay igualdad. Y sin igualdad, se rompe la legalidad. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurra con este procedimiento”, ha añadido Diego.
Desde la formación también se ha advertido de que este principio debe aplicarse a todas las plazas dentro de la Delegación, incluyendo las de organismos integrados como las áreas de Educación o Sanidad. “No se trata solo de cubrir este puesto concreto, sino de asegurar que todos los nombramientos dentro de la administración del Estado se ajustan a la legalidad. La reiteración de comisiones de servicio irregulares puede derivar en responsabilidades administrativas y, en los casos más graves, en delitos como la prevaricación”, ha subrayado el dirigente de Vox.
El partido considera que el respeto al principio de objetividad en la función pública es una obligación constitucional y que cualquier incumplimiento puede vulnerar también el derecho a la tutela judicial efectiva.
“Vamos a vigilar este proceso de principio a fin y, si es necesario, promoveremos las acciones oportunas para que se cumpla la legalidad. La imparcialidad y el mérito no se negocian”, ha concluido Diego.
La salida de Sana Jallat de la Secretaría General fue confirmada recientemente, generando una situación de interinidad que Vox considera preocupante si no se resuelve conforme a Derecho.
Se le ha despedido ,presuntamente ,antes de cumplir los seis años en su puesto para que no consolidará el nivel que tenía a lo largo de estos seis años y que no tenía antes por ser antes un funcionario de inferior categoría.
Esperemos, se cumplan las recomendaciones al caso, sin demora, ni perspicacias fuera de lugar.