El Gobierno de Aragón ha manifestado su disposición a recibir hasta seis menores migrantes no acompañados procedentes de Melilla, como parte del plan de reubicación solidaria impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia para aliviar la presión que soportan los sistemas de acogida en Canarias, Ceuta y la ciudad autónoma.
La comunidad aragonesa cuenta con un centenar de plazas habilitadas en sus centros de protección de menores, según ha adelantado el Heraldo de Aragón. De ellas, una parte se destinaría a menores que actualmente se encuentran bajo tutela del Gobierno de Melilla, cuyo sistema se encuentra al borde del colapso por la sobreocupación y la falta de recursos.
La medida forma parte del acuerdo adoptado en la última Conferencia Sectorial de Infancia, donde el Ejecutivo central y las comunidades autónomas acordaron una distribución territorial de menores migrantes no acompañados como respuesta a la presión migratoria que afecta especialmente a las regiones fronterizas.
En este contexto, Melilla ha comenzado a firmar las resoluciones individuales para que estos traslados puedan hacerse efectivos, tal y como informó El Faro de Melilla días atrás. Sin embargo, ninguno de ellos ha emprendido viaje aún, según afirmaron a este diario fuentes oficiales de la Ciudad Autónoma.
Desde la Consejería de Política Social y Salud Pública de Melilla se ha afirmado que se han seguido los procedimientos previstos, priorizando el interés superior del menor y garantizando que cada traslado esté debidamente justificado y coordinado con la comunidad de destino.
En el caso de Aragón, las plazas disponibles se encuentran en centros de Zaragoza, Huesca y Teruel. Estos dispositivos están gestionados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que dispone de equipos especializados en la atención a menores en situación de vulnerabilidad. En los últimos años, Aragón ha desarrollado una infraestructura con capacidad para acoger tanto a menores nacionales como extranjeros, aunque esta será la primera vez que reciba directamente menores procedentes de Melilla como parte de un plan de reubicación estatal.
A pesar de su disposición, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha reclamado públicamente más claridad al Ministerio de Juventud e Infancia sobre las condiciones del reparto. En declaraciones recogidas por Demócrata, el mandatario autonómico advirtió que, aunque Aragón quiere colaborar, no aceptará “improvisaciones” ni decisiones unilaterales. También exigió información concreta sobre los perfiles de los menores que serán trasladados, la duración de su estancia y los recursos económicos que se destinarán a su atención.
Por su parte, el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha expresado su preocupación por las posibles consecuencias de estas reubicaciones. En declaraciones recogidas por El Faro de Melilla, advirtió que este tipo de traslados “puede provocar un enorme efecto llamada”, al percibirse como una vía de entrada y posterior traslado dentro del país. Imbroda considera que el Gobierno central está tomando decisiones “sin medir las consecuencias” y ha pedido que se aborde la migración de menores con una política de Estado bien estructurada.
Este tipo de reubicaciones se enmarcan en el sistema estatal de protección de la infancia, que establece que todos los menores no acompañados deben quedar bajo la tutela de una administración pública desde el momento en que se determina su edad. A partir de ahí, deben recibir alojamiento, escolarización, atención sanitaria y acompañamiento psicológico y social, como parte de su integración en el país.
En los últimos años, la llegada de menores migrantes no acompañados a España ha aumentado de forma significativa, especialmente en regiones como Canarias, Ceuta y Melilla. Las rutas migratorias, la situación de inestabilidad en países de origen y las redes de tráfico de personas han contribuido a que muchos menores crucen fronteras sin familiares, lo que exige a las autoridades una respuesta humanitaria y jurídica específica.
Las comunidades autónomas han mostrado posturas diversas respecto al reparto. Mientras algunas, como Aragón, Cataluña, Navarra o Comunidad Valenciana, se han mostrado colaboradoras, otras han criticado el procedimiento, denunciando falta de información o recursos. Este contexto ha generado un debate político que se mantiene abierto sobre el modelo de solidaridad interterritorial y la gestión migratoria en España.
Con este paso, Aragón se suma al grupo de comunidades que dan respuesta a una necesidad urgente, al tiempo que insiste en la necesidad de una planificación clara y eficiente por parte del Gobierno central. Desde Melilla, se mantiene el envío progresivo de menores bajo criterios técnicos, mientras se reclama al Estado mayor implicación, control fronterizo y recursos estructurales.
