La Audiencia Provincial de Málaga será la encargada de juzgar al sacerdote malagueño Francisco J.C., acusado de sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres entre los años 2017 y 2019. Según recoge la agencia EFE, los hechos fueron descubiertos por su entonces pareja sentimental, quien halló material audiovisual incriminatorio en un ordenador del domicilio que ambos compartían en Melilla.
El acusado, natural de Vélez-Málaga, fue detenido el 11 de septiembre de 2023 y permanece en prisión provisional desde entonces. Las investigaciones sostienen que administraba sustancias a sus víctimas para anular su voluntad antes de cometer las agresiones, que además registró en vídeo. Estos hechos han sido calificados por el Ministerio Público como cuatro delitos de agresión sexual y contra la intimidad.
Tras finalizar la instrucción del caso, el juzgado ha considerado que ya se han practicado todas las diligencias necesarias para determinar la presunta implicación del acusado y las circunstancias de los delitos. Por ello, ha remitido recientemente la causa a la Audiencia Provincial de Málaga, junto con los objetos incautados, para la apertura del juicio oral.
La decisión de mantener al sacerdote en prisión fue renovada este mismo mes de septiembre, al considerar la Audiencia que existen “indicios racionales de criminalidad” y un elevado riesgo de fuga dada la gravedad de los delitos y la elevada pena que podrían acarrear. La prórroga fija como fecha máxima de prisión provisional el 11 de septiembre de 2027.
En una comparecencia reciente, el fiscal se opuso nuevamente a la puesta en libertad del acusado, argumentando no solo el riesgo de fuga, sino también la necesidad de garantizar su presencia en el juicio y evitar cualquier obstáculo al desarrollo del proceso penal.
Uno de los elementos destacados del caso es el uso de sustancias para anular la voluntad de las víctimas, práctica conocida como “sumisión química”. Según declaró a EFE el abogado Alfonso Sell, personado como acusación particular, este tipo de delitos ha ganado peso en el ámbito penal, especialmente tras la reciente reforma del Código Penal, que contempla penas agravadas para actos sexuales cometidos sobre personas privadas de sentido o con su voluntad anulada mediante fármacos, drogas u otras sustancias.
El caso también ha provocado reacciones institucionales. El Obispado, al que pertenecía el acusado, intentó personarse como acusación particular dada “la gravedad de las actuaciones y el grave daño causado a la Iglesia”, según indicó a EFE. Sin embargo, tanto el juzgado instructor como posteriormente la Audiencia rechazaron su personación, al entender que su papel debía limitarse al de responsable civil subsidiario.
Este caso ha generado una profunda conmoción, tanto en Málaga como en Melilla, lugar en el que el sacerdote residía al momento de ser descubierto. En una información previa publicada por El Faro de Melilla, se había confirmado que el acusado seguiría en prisión tras una revisión judicial de su situación penitenciaria.
La fecha concreta del juicio aún no ha sido anunciada, pero todo está listo para que el proceso judicial continúe en la Audiencia Provincial de Málaga, donde se evaluarán en profundidad los hechos, las pruebas aportadas y la responsabilidad penal del acusado.
Sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres...
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