El Tribunal de Cuentas ha puesto al descubierto importantes irregularidades en los contratos de limpieza, vigilancia y restauración gestionados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en el Hospital Comarcal de Melilla (HCM). El informe revela prácticas fuera de la legalidad en las prórrogas, aumentos injustificados en los costes y falta de control por parte de los responsables públicos, según publica el diario The Objetive.
Una de las principales alertas del Tribunal se centra en la prórroga de contratos vencidos sin justificación legal. El contrato de limpieza, por ejemplo, expiró el 31 de mayo de 2024, pero siguió ejecutándose hasta el 1 de noviembre sin nuevo contrato adjudicado. Esta ampliación contraviene lo estipulado en la Ley de Contratos del Sector Público, que obliga a publicar la nueva licitación con al menos tres meses de antelación.
Peor aún es el caso del contrato de restauración, caducado en mayo de 2019. Ingesa mantuvo la prestación del servicio sin concurso hasta diciembre de 2022, cuando por fin se inició el proceso para una nueva adjudicación. Según el informe, a finales de 2024 aún no se había formalizado un nuevo contrato, lo que supone una grave falta de planificación y control por parte del organismo gestor.
El análisis económico de estos contratos también pone en evidencia serias desviaciones presupuestarias. El contrato de limpieza estaba presupuestado en algo más de 4 millones de euros, pero acabó costando casi un millón más. En total, el gasto ascendió a 4.963.645 euros, con un sobrecoste de 939.189 euros sin respaldo legal ni modificación contractual.
En el servicio de vigilancia ocurrió algo similar: de los 1.829.179 euros presupuestados inicialmente, el gasto real ascendió a 2.625.808 euros, generando un desfase de 796.629 euros. Estas cifras reflejan una preocupante falta de control financiero y administrativo, según señala The Objetive.
En el caso del servicio de restauración, el exceso de gasto fue igualmente significativo: en 2020 se superó el presupuesto en un 8,42 %, en 2021 en un 40,48 % y en 2022 en un 31,14 %, a pesar de que durante esos años la actividad del hospital estuvo reducida debido a la pandemia.
Otra de las graves deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas es la facturación por servicios no contemplados en los contratos originales. Se pagaron sustituciones de personal de cocina, servicios de camareros adicionales y hasta cenas sindicales que no estaban previstas en los pliegos. Entre 2021 y 2023, estos conceptos sumaron más de 3,1 millones de euros en sobrecostes adicionales no justificados.
Especialmente llamativo fue el aumento desproporcionado de desayunos y meriendas para el personal a partir de junio de 2022. En agosto de ese año, por ejemplo, se facturaron 2.688 desayunos y 1.862 meriendas, cifras que no se corresponden con el número de trabajadores autorizados a recibir dichos servicios.
Estas irregularidades se vieron agravadas por la falta de control del jefe de sección de hostelería del hospital, que según el pliego del contrato debía supervisar mensualmente la ejecución del servicio, algo que no se llevó a cabo de forma adecuada.
Adjudicación a dedo
Estas prácticas no son aisladas. Como reveló El Faro de Melilla, el 93% de las compras realizadas por Ingesa en Ceuta y Melilla durante 2022 y 2023 fueron adjudicadas directamente, sin recurrir a procedimientos abiertos ni públicos. De los 1.424 contratos gestionados, solo 94 fueron por licitación abierta o simplificada, mientras que los 1.330 restantes se adjudicaron por emergencia o como contratos menores.
Esta dinámica podría evidenciar un patrón estructural de opacidad y discrecionalidad en la gestión de los recursos públicos sanitarios en Melilla, donde la falta de planificación, la prolongación irregular de servicios esenciales y el uso abusivo de contratos directos parecen ser la norma. Ello, en función de lo establecido por el Tribunal de Cuentas en su informe sobre la gestión en los años 2022 y 2023.
Pese a la gravedad de los hechos, ni el Ministerio de Sanidad ni Ingesa han dado explicaciones públicas ni han anunciado medidas correctoras. A fecha de hoy, no se ha informado sobre ningún plan para garantizar que la contratación pública sanitaria en Melilla cumpla con los principios de transparencia, concurrencia y legalidad.
El informe del Tribunal de Cuentas pone así en tela de juicio la gestión sanitaria pública en la ciudad, y lanza una advertencia clara sobre la necesidad urgente de una reforma estructural que evite la repetición de estas irregularidades.
