El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido prorrogar durante seis meses más la investigación judicial sobre el espionaje a los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios de sus ministros mediante el software Pegasus entre los años 2020 y 2021. La extensión del plazo responde a la espera de información clave solicitada a Israel y Francia, que aún no ha sido entregada por las autoridades competentes.
La decisión, recogida en un auto judicial al que ha tenido acceso la agencia EFE, se hará efectiva el próximo 14 de agosto, fecha en la que expira la anterior prórroga dictada en febrero. Tanto la Fiscalía como las acusaciones populares, ejercidas por las organizaciones Hazte Oír y Vox, solicitaron esta ampliación del periodo de instrucción, a la espera de avances en la cooperación internacional.
La investigación se reabrió en abril de 2024 tras la recepción de nueva información procedente de Francia, relacionada con una causa de 2021 que documentaba múltiples infecciones con Pegasus en teléfonos de periodistas, abogados, miembros del Gobierno galo y representantes de organizaciones no gubernamentales. Esta documentación fue remitida a las autoridades españolas, que la incorporaron a la causa.
A raíz de estos nuevos datos, el Centro Criptológico Nacional (CCN), organismo adscrito al CNI, elaboró dos informes técnicos. En ellos se concluye que no puede establecerse una relación directa entre las infecciones detectadas en Francia y las sufridas por miembros del Ejecutivo español. Sin embargo, el magistrado ha solicitado ampliar la información sobre el proceso de control interno del software Pegasus, así como detalles adicionales de las investigaciones realizadas por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI).
Para ello, en febrero se envió una Orden Europea de Investigación (OEI) a las autoridades judiciales francesas, en concreto al vicepresidente primero de la División Económica y Financiera del Tribunal Judicial de París, que aún no ha sido respondida. Del mismo modo, se remitió una nueva comisión rogatoria a Israel, país de origen de NSO Group, empresa desarrolladora de Pegasus, con el objetivo de que su CEO pudiera declarar ante la justicia española. Esta solicitud sigue sin respuesta, al igual que la enviada en 2022.
La falta de cooperación por parte de Israel llevó en su momento al juez Calama a archivar provisionalmente la causa en julio de 2023, tras casi un año de investigaciones sin avances sustanciales. Según se acreditó entonces, el teléfono móvil del presidente del Gobierno fue infectado en cinco ocasiones, y también se detectaron infecciones en los dispositivos de los ministros de Defensa, Margarita Robles; del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y de Agricultura, Luis Planas.
Los hechos investigados ocurrieron en un contexto de alta tensión diplomática entre España y Marruecos, coincidiendo con la crisis migratoria en Ceuta en mayo de 2021, cuando más de 6.000 personas accedieron irregularmente a la ciudad autónoma sin que las fuerzas marroquíes intervinieran. Este suceso fue interpretado como una respuesta al ingreso hospitalario en España, con identidad falsa, del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, enemigo político del régimen de Rabat.
Desde entonces, las relaciones bilaterales han sido objeto de una profunda revisión. Pese a la carta enviada por Sánchez en 2022 respaldando el plan marroquí para el Sáhara Occidental, gesto que permitió restablecer los contactos diplomáticos, no se han conseguido avances visibles en lo relativo al reconocimiento de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Según ha informado recientemente El Faro de Melilla, estas ciudades siguen siendo una asignatura pendiente en la agenda bilateral, lo que mantiene abierta la incertidumbre sobre el grado de implicación o interés de Marruecos en el caso Pegasus.
Mientras tanto, el juez Calama mantiene viva la instrucción, confiando en que las autoridades israelíes y francesas atiendan finalmente las peticiones de auxilio judicial. El caso Pegasus ha puesto en evidencia la vulnerabilidad digital de las instituciones democráticas y plantea serias dudas sobre el uso del ciberespionaje en conflictos diplomáticos encubiertos.
