La batalla por la jubilación anticipada en condiciones dignas para policías nacionales y guardias civiles ha dado un nuevo paso con la presentación de un recurso judicial por parte de la Plataforma por la Plena Equiparación Salarial y una Jubilación Digna. El objetivo es frenar los efectos del Real Decreto 402/2025, aprobado el pasado 27 de mayo, que regula el procedimiento para aplicar coeficientes reductores en la edad de jubilación, pero que excluye a estos cuerpos del Estado del reconocimiento como “profesión de riesgo”.
Las organizaciones que integran la Plataforma (entre ellas AUGC, SUP, UFP, AEGC, APROGC, ASES-GC, Cabos GC, SPP y la Asociación Pro Guardia Civil) consideran que esta exclusión supone una “injusticia histórica” que perpetúa el trato desigual respecto a otros cuerpos policiales del país. Mientras que policías locales y autonómicos sí se benefician de este reconocimiento, los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil quedan fuera del marco regulatorio que les permitiría retirarse antes en condiciones acordes a la exigencia y peligrosidad de su profesión.
“La decisión del Gobierno no solo es injusta, es incomprensible. Llevamos años prestando un servicio esencial a la ciudadanía, expuestos a riesgos constantes, a una presión psicológica intensa y al desgaste físico que conlleva una carrera de décadas en la calle. Sin embargo, seguimos siendo tratados como funcionarios de segunda en materia de jubilación”, denuncia la Plataforma en su comunicado oficial.
La presentación del recurso judicial llega tras semanas de creciente tensión con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por Elma Saiz. Tal como adelantó El Faro de Melilla el pasado 15 de julio, las organizaciones policiales ya advirtieron de que el proyecto del Ejecutivo no respondía a sus demandas y estudiaban acciones legales si no se modificaba. La vía judicial se convierte ahora en el principal frente de esta reivindicación, que combina también la protesta social y la presión institucional.
Desde la Plataforma insisten en que la clave de esta lucha es el reconocimiento de la profesión como actividad de riesgo, lo que no solo permitiría acceder a la jubilación anticipada en igualdad de condiciones con otros cuerpos, sino que sentaría las bases para una reforma más amplia del sistema de protección y bienestar del personal policial.
“El trato desigual no es solo un agravio comparativo, es una vulneración del principio de equidad en el acceso a derechos laborales fundamentales. ¿Por qué un agente autonómico o local tiene acceso a la jubilación anticipada y un guardia civil o un policía nacional no?”, plantean las asociaciones.
Además de recurrir el Real Decreto, la Plataforma ha instado al ministro del Interior a abandonar la “actitud de indiferencia” que, aseguran, ha mantenido durante todo el proceso de negociación. “Llevamos años solicitando reuniones, enviando informes, acudiendo al Parlamento, y siempre nos encontramos con un muro de silencio institucional”, reprochan.
La decisión judicial podría tardar meses en resolverse, pero la Plataforma asegura que no bajará los brazos. Anuncian que continuarán con nuevas acciones reivindicativas y movilizaciones si no se reabre el diálogo político para reformar el actual modelo de jubilación. En paralelo, preparan una campaña informativa dirigida a la sociedad para explicar por qué reclaman una jubilación digna, en sintonía con el nivel de sacrificio que exige su trabajo diario en defensa de la seguridad ciudadana.
La confrontación con el Gobierno está lejos de cerrarse. La batalla por la equiparación salarial y una jubilación justa se ha judicializado, pero no pierde su esencia reivindicativa. Para miles de agentes, esta lucha no es solo por el retiro, es por el reconocimiento de una vida profesional marcada por el compromiso con la seguridad pública.
