El presidente de Vox Melilla y portavoz del Grupo Mixto, José Miguel Tasende, ha registrado este martes una solicitud de información a la Ciudad para saber si tiene previsto habilitar una partida presupuestaria para asumir las reclamaciones por responsabilidad patrimonial que puedan hacer los melillenses afectados por el ciberataque, que mantiene paralizada la Administración desde hace más de dos semanas.
Tasende defiende que no podemos ignorar que el apagón informático ha vulnerado derechos de los ciudadanos y, en su opinión, la Administración local debe buscar la manera de restaurar el daño provocado. Por eso, a su juicio, prevenir un ataque de la magnitud que ha sufrido la Ciudad es esencial para salvaguardar derechos de los contribuyentes y su acceso a servicios municipales.
El líder de Vox Melilla hace hincapié en que el ciberataque sufrido por la Ciudad desde el domingo 22 de junio, y que aún mantiene dependencias de la Administración sin acceso a Internet, ha vulnerado derechos de los contribuyentes melillenses, protegidos por la Constitución Española y por las leyes que regulan el funcionamiento de las Administraciones Públicas.
“Este ataque no solo ha afectado la seguridad de los sistemas informáticos, sino que ha comprometido el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y la responsabilidad que tiene la Administración de garantizar la integridad de los servicios públicos”, señaló Tasende, citando el artículo 106 de la Constitución Española, que establece que “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.
“Es evidente que el colapso de los sistemas informáticos de la Ciudad ha impedido que muchos ciudadanos pudieran realizar gestiones administrativas, recibir notificaciones o presentar solicitudes, ocasionando perjuicios personales y económicos. Esto obliga a la Administración a evaluar los daños y, si procede, indemnizar a los afectados”, insistió el líder de Vox Melilla.
Asimismo, recordó que “la Administración tiene la obligación constitucional, de acuerdo con el artículo 103 la Constitución, de actuar con objetividad y servir con eficacia a los intereses generales. “La paralización de los servicios informáticos durante más de dos semanas ha supuesto un incumplimiento de esta función básica, afectando la continuidad de los trámites administrativos y obstaculizando derechos fundamentales de los ciudadanos, como el acceso a la información y la tramitación de procedimientos administrativos esenciales. Si bien se han ampliado los plazos, el daño a quien no ha podido empadronarse para acceder a la bonificación del 75% del transporte debe ser asumido por la Administración y no por el ciudadano que tuvo que poner de su bolsillo el dinero completo del billete para viajar de urgencia (o no) a la península”.
Tasende se refiere, además, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que en sus artículos 66 y 67, regula la iniciación de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. “Ante este incidente, consideramos que la Ciudad tiene el deber legal de abrir de oficio los procedimientos necesarios para determinar los daños sufridos por los contribuyentes y garantizar su reparación, sin esperar necesariamente a que estos lo soliciten. En cualquier caso debe poner facilidades para que esas reclamaciones puedan ser interpuestas”, apuntó.
En esta línea, Tasende recordó que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en sus artículos 32, 34 y 36, refuerza el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por daños derivados del funcionamiento anormal de los servicios públicos. “La Administración debe valorar no solo los daños materiales, sino también los perjuicios económicos o personales derivados de la interrupción de los servicios, ya que la inoperatividad del sistema telemático ha generado desprotección y desamparo para muchos usuarios”.
Finalmente, Tasende hizo alusión a que el artículo 14 de la Constitución Española consagra el principio de igualdad ante la ley, mientras que la legislación vigente establece la obligación de muchos ciudadanos y empresas de relacionarse exclusivamente por vía electrónica con la Administración. “Al quedar inutilizados los sistemas telemáticos, se ha vulnerado de facto este derecho, pues quienes están obligados por ley a realizar trámites online han quedado privados de toda capacidad de actuación, lo que ha supuesto una clara discriminación en el acceso a los servicios públicos”, insistió.
A modo de conclusión, remarcó que “no estamos sólo ante un fallo de ciberseguridad, sino ante una seria quiebra de los deberes legales y constitucionales de la Administración, que debe responder con medidas inmediatas, reparadoras y eficaces”.
