El pleno de la Asamblea ha aprobado este martes -con los votos a favor del PP, PSOE, Vox y el diputado no adscrito, Javier da Costa, la abstención de Somos Melilla y el voto en contra de CpM- la continuidad de servicios de gestión integral del centro Gámez Morón -que atiende a personas con discapacidad intelectual- por parte de la empresa Eulen.
Se trata de unos pliegos que, como ha explicado la consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, comenzaron a elaborarse en diciembre de 2024 y se acabaron en septiembre de 2024, pero que el comité de empresa tenía que aprobar el convenio con Eulen y pidieron que se incluyeran.
Pese a todo, la consejera ha indicado que se ha tratado de darle “la mayor agilidad posible” consolidando todo esto con la apertura, este martes, de un nuevo lote. Además, Mohamed ha apuntado que el Gobierno local negocia con Eulen para mejorar los contratos de los trabajadores y dar a éstos una estabilidad laboral, todo ello con el fin de atender de la mejor manera posible a los usuarios.
Contra el retraso que le ha recriminado la oposición, la consejera ha manifestado que todo se ha hecho “de buena fe” y ha reiterado que no se podía aprobar el contrato sin incluir el convenio, porque era una petición del comité de empresa.
Por último, Mohamed ha asegurado que mejorarán en lo posible las condiciones de los trabajadores, gracias a los cuales el centro está funcionando muy bien.
Blanquear la "mala gestión" del Gobierno local
Sin embargo, las críticas contra su gestión han llegado prácticamente desde todas partes. Desde Coalición por Melilla (CpM), su portavoz, Dunia Almansouri, ha manifestado que se les estaba pidiendo que blanquearan su “mala gestión” en este punto, ya que la ejecución del contrato terminó en el mes de abril y, desde entonces, han pasado tres meses.
Es algo similar, ha dicho, a los “más de dos millones de euros en facturas” sin tramitar en los últimos tres meses.
Además, Almansouri ha puntualizado que el contrato, de más de seis millones de euros, en realidad, acababa en septiembre de 2024, pese a lo cual hasta julio de ese año no se hizo nada al respecto. Después, ha anotado, se hizo un contrato puente hasta diciembre con el cual se siguió trabajando hasta abril de este año, cuando se adjudicó el lote que faltaba.
“Ustedes no dieron trámite en el pleno. Se creían que podían pasar de puntillas, porque era algo menos de un millón de euros y que esto pasaría sin pena ni gloria”, ha criticado.
Así, la diputada cepemista, quien reconoce que es un servicio esencial, ha reiterado que no se habían hecho los trámites adecuados, ya que este asunto habría que haberlo traído a pleno en enero y no en julio.
Almansouri ha puntualizado que nada tienen en contra del centro Gámez Morón, que cumple una función esencial, y por eso ha explicado que el voto en contra de su grupo es por haberse pasado los plazos.
Una tramitación "muy deficiente"
Pese a su voto a favor, el diputado de Vox, José Miguel Tasende, también ha dicho que el expediente se había tramitado “de manera muy deficiente”.
Tasende ha citado al Tribunal Supremo, que establece que la continuidad del servicio debe prevalecer, pero se ha preguntado si se había sido “diligente” con ello. En este sentido, el líder de Vox Melilla ha mostrado su preocupación por cómo se encuentran unos trabajadores que ya se manifestaron en noviembre de 2024.
“Vox concede la mayor importancia al servicio de las personas con discapacidad como a las condiciones de trabajo del personal” ha concluido, antes de reiterar que votarían a favor de la continuidad del servicio, “lo que no significa votar a favor de la deficiente tramitación del expediente”.
"Tarde y mal a casi todo"
Por su parte, el diputado de Somos Melilla, Amin Azmani, ha basado su abstención en la importancia del servicio que se presta, pero también ha sido muy crítico con la forma como se ha tramitado este expediente.
Azmani ha comenzado su intervención diciendo que la Ciudad Autónoma llega “tarde y mal a casi todo”, como en este caso, en lo que considera un servicio “esencial e fundamental”. “Tuvieron muchísimo tiempo, desde septiembre de 2024, para resolver esta situación”, ha manifestado, lo que demuestra, en su opinión, su “incapacidad” para resolver contratos públicos.
Si se ha abstenido en la votación es simplemente para que no se diga que Somos Melilla pone “trabas” en un servicio como este, y por el bien de los trabajadores, pero ha recordado que la Ciudad había tenido más de un año de tiempo para hacerlo efectivo. A su parecer, es “incomprensible” que esto se haya gestionado “tan mal” hasta agotar los plazos.
“¿Qué les pasa?”, se ha preguntado en este punto Azmani, quien ha dicho que el Gobierno local está “irreconocible”, siempre con contratos puente porque, ha insistido, llega siempre “tarde y mal”, por no mencionar, en este caso, los sueldos “irrisorios” de los trabajadores, que en ocasiones no llegan a los 800 euros. Por no “dejar tirados” a los trabajadores del centro Gámez Morón, ha concluido Azmani, su grupo se iba a abstener.
Cuatro víctimas más de violencia de género
Este ha sido el primer punto que se ha tratado en un pleno en el que, al comenzar, se ha guardado un minuto de silencio por otras cuatro mujeres víctimas de violencia de género que elevan la cifra a 1.316 desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse los datos.
También ha tenido el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, un recuerdo para el eurodiputado del PP Jorge Hernández, recientemente fallecido, y un pésame para su familia, así como para quien fue diputado popular en la Asamblea, Pedro Venzal, también del Partido Popular y que también falleció hace días.
Lo que no se ha podido llevar a cabo ha sido la aprobación del acta de la sesión anterior a causa de los problemas sufridos en el sistema informático de la Administración local con el ciberataque, que todavía no se han superado pese a que se esperaba que ya se habría solucionado todo.
