La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado enérgicamente la decisión del Ministerio de Justicia de crear un nuevo juzgado en Melilla sin reforzar adecuadamente la plantilla, una medida que el sindicato califica como un “hurto” de recursos humanos en detrimento del servicio público. La apertura del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6, también conocido como Mixto nº 6, está prevista para el próximo 1 de julio, pero la falta de personal amenaza con agravar el colapso judicial en la Ciudad Autónoma.
El nuevo órgano judicial ha sido establecido mediante el Real Decreto 388/2025, de 13 de mayo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 14 del mismo mes. Surge de la transformación de uno de los actuales Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, el cual cuenta con solo tres funcionarios (un gestor y dos tramitadores), insuficientes para el funcionamiento ordinario de un juzgado mixto, que debería tener al menos seis efectivos: dos gestores y cuatro tramitadores.
Lejos de reforzar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el Ministerio ha decidido crear una única plaza de Gestión y cubrir el resto de necesidades detrayendo dos funcionarios del actual Equipo de Apoyo de la oficina judicial. Esta unidad, según recuerda CSIF, fue creada en 2014 con el objetivo de reforzar órganos judiciales especialmente saturados o encargados de causas complejas, como macrojuicios, ejecutorias civiles y penales, o litigios derivados de los planes de empleo. La decisión, para el sindicato, representa “un nuevo ejemplo de improvisación y desprecio hacia Melilla”.
“Es inaceptable que para poner en marcha un juzgado se desmonte otro servicio esencial. Es vestir a un santo para desvestir a otro, y lo paga la ciudadanía”, ha afirmado el responsable de CSIF Justicia en Melilla, que advierte del grave impacto que esta medida tendrá en el funcionamiento de la administración de justicia local.
Para CSIF, esta actuación no es un hecho aislado, sino que responde a una dinámica de deterioro estructural del sistema judicial en todo el país. En la última década, según denuncian, se han perdido más de 20.000 empleados públicos en la administración, y cerca del 21% de la actual plantilla se encuentra próxima a la jubilación. Este contexto de precarización se ve aún más agravado en territorios periféricos como Melilla, donde, a juicio del sindicato, se manifiesta una “escasa sensibilidad institucional” por parte del Ministerio.
Ante esta situación, CSIF ha planteado una batería de demandas urgentes: la ampliación inmediata de la RPT con al menos dos funcionarios adicionales para el nuevo juzgado, la reposición completa del Equipo de Apoyo para que pueda cumplir su función reforzadora, y un compromiso institucional claro con Melilla que contemple inversiones reales en personal y medios materiales adaptados a sus necesidades específicas.
El sindicato ha puesto como fecha límite el mes de julio de 2025 para que estas medidas se ejecuten, ya que el nuevo juzgado comenzará a operar el día 1 de ese mes y entrará en el turno de guardia el día 8. De no adoptarse soluciones antes de esa fecha, CSIF advierte que los efectos serán una sobrecarga laboral insostenible para los trabajadores judiciales, un empeoramiento evidente del servicio prestado a la ciudadanía y un perjuicio claro para los justiciables de Melilla.
“Lo que debería ser una mejora se ha convertido en un problema creado por el propio Ministerio y esto es intolerable”, concluyen desde CSIF Melilla.
